Parlamento de Ecuador aprueba reforma para combatir la trata de personas y endurecer penas
Quito, 20 oct (EFE).- La Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador aprobó este martes por unanimidad una reforma legal para reforzar la lucha contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, que contempla penas de hasta 35 años de prisión y nuevas medidas de protección para las víctimas.
La decisión modifica la Ley Orgánica contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, además de varias disposiciones del Código Orgánico Integral Penal (COIP), gracias a los 144 votos a favor.
Entre los primeros cambios figura el endurecimiento de las penas por trata de personas, que podrán alcanzar entre treinta y 35 años de prisión cuando se produzca la muerte de la víctima, y entre veintiséis y treinta años cuando se ocasionen daños graves o irreversibles.
Además, la reforma establece penas de entre veintidós y veintiséis años cuando la víctima pertenezca a un grupo de atención prioritaria o exista un vínculo de dependencia, y de entre diecinueve y veintidós años para el tipo básico agravado.
La normativa también elimina la exigencia de demostrar amenazas, uso de la fuerza o engaño para configurar el delito de trata cuando las víctimas sean menores de edad, y tipifica de forma autónoma el matrimonio forzoso y la unión de hecho forzada.
Además, incorpora la servidumbre de gleba, que implica mantener a personas sometidas a trabajar en tierras ajenas, entre las modalidades de explotación.
En el ámbito financiero, la reforma permite a la Fiscalía y a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) realizar investigaciones patrimoniales paralelas para rastrear e inmovilizar activos ilícitos vinculados a las organizaciones criminales.
Estas modificaciones busca cumplir con una sentencia de la Corte Constitucional relacionada con el caso Furukawa, el más sonado de esclavitud moderna en Ecuador.
Además, la nueva normativa garantiza protección integral, atención médica y asistencia legal inmediata a las víctimas, sin condicionarlas a su participación en el proceso legal, según indicó la Asamblea.
El proyecto, no obstante, deberá ser remitido al presidente Daniel Noboa para su sanción o veto parcial. EFE
af/jrg