Policía portuguesa desarticula red de regularización fraudulenta de miles de inmigrantes
Lisboa, 8 jul (EFE).- La Policía Judicial (PJ) portuguesa detuvo a cinco personas en una operación contra una presunta organización criminal dedicada a la regularización fraudulenta de miles de ciudadanos extranjeros en Portugal, informó hoy la institución.
La denominada operación "Neblina Atlántica", desarrollada en las zonas de Cantanhede, Pombal, Alcobaça y Oporto, culminó con el arresto de cuatro sospechosos por orden del Departamento de Investigación y Acción Penal (DIAP) Regional de Coimbra y de un quinto hombre sorprendido en flagrante delito por tenencia de un arma prohibida.
Entre los detenidos figuran tres empresarios y el jefe de un servicio de Hacienda de la región Centro de Portugal, sospechosos de los delitos de ayuda a la inmigración ilegal, asociación para la ayuda a la inmigración ilegal, corrupción, blanqueo de capitales y falsificación de documentos.
La investigación, iniciada en septiembre de 2025, concluyó que el grupo habría facilitado durante varios años la legalización irregular de miles de ciudadanos extranjeros mediante un entramado destinado a engañar a diversas instituciones del Estado portugués y obtener importantes beneficios económicos.
Según la PJ, los inmigrantes abonaban elevadas cantidades de dinero para conseguir la documentación necesaria para sus procesos de regularización. Muchos de ellos residían y trabajaban en otros países europeos, aunque constaban ante la Autoridad Tributaria y la Seguridad Social portuguesas como trabajadores en Portugal.
Durante la operación se practicaron dieciséis registros en los que fueron incautados abundante documentación relacionada con procesos de regularización de extranjeros, equipos informáticos, tres armas de fuego y alrededor de 50.000 euros en efectivo.
En el operativo participaron unos noventa inspectores y especialistas de la Policía Judicial, con el apoyo de varias unidades de investigación criminal y pericial de la institución.
Los cinco detenidos, de entre 33 y 55 años y sin antecedentes penales conocidos, comparecerán próximamente ante la autoridad judicial para el primer interrogatorio y la eventual imposición de medidas cautelares. EFE
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