Presidenta del principal grupo empresarial público español, imputada en una causa judicial
Madrid, 29 jun (EFE).- Un juez de la Audiencia Nacional española imputó este lunes a 25 personas, entre ellas Belén Gualda, presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el principal grupo empresarial estatal, por el caso que investiga una presunta trama para desestabilizar procedimientos judiciales que afectan al Gobierno español o al partido socialista (PSOE).
La investigación que lleva a cabo el juez Santiago Pedraz se conoce como 'caso Leire' en alusión a la principal investigada, la exmilitante socialista Leire Díez, encausada por posibles maniobras contra fiscales y agentes de la Unidad Central Operativa (UCO), un grupo de élite de la Guardia Civil que investigan casos relacionados con el Gobierno y el PSOE, y por presuntas mordidas (coimas) en contratos públicos.
Díez fue detenida en diciembre de 2025 y después fue puesta en libertad condicional junto al empresario Antxon Alonso y Vicente Fernández, expresidente de la SEPI, una sociedad estatal que tiene participación total o mayoritaria en catorce empresas públicas -entre ellas la Agencia EFE, Correos o el astillero Navantia, y minoritaria en otras once, como Airbus, Indra, IAG o Telefónica.
La Fiscalía Anticorrupción sostiene que los tres habrían llevado a cabo "acciones tendentes al otorgamiento" de una ayuda de 112,9 millones de euros a la empresa industrial Tubos Reunidos durante la pandemia del coronavirus.
A cambio de esta gestión percibieron un total de 114.950 euros por servicios de prospección de mercados a través de la empresa Mediaciones Martínez, pagos de los cuales constan facturas pero que la UCO considera "mendaces" ya que "su verdadera motivación" vendría por las gestiones efectuadas para que la SEPI aprobase la ayuda a Tubos Reunidos.
Sin embargo, la decisión de Pedraz conocida hoy amplía el foco de la investigación a otras empresas, y no se limita a los millones que recibió Tubos Reunidos.
Ello porque, para la Fiscalía Anticorrupción, existen indicios fundados de irregularidades en otras cuatro operaciones vinculadas con empresas públicas, además de Tubos Reunidos: Mercasa; Enusa; Parque Empresarial Principado de Asturias y Forestalia.
Así, las 25 imputaciones de hoy atañen no solo a la SEPI -además de la actual presidenta se ha imputado a los directivos Rosario Martín Manzanedo y Félix Azcona Lacarra, por ejemplo-, sino también a a altos cargos de firmas como Enusa, Mercasa, Forestalia o acciona, o de administraciones como el Gobierno de la región autónoma de Andalucía, en el sur del país.
En una documento judicial, Pedraz indica que, tras analizar un escrito de la Fiscalía Anticorrupción, procede investigar "indicios de criminalidad". EFE
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