Reforma de seguridad de Kast no se ajusta a obligaciones de Chile, dice Human Rights Watch
Santiago de Chile, 1 sept (EFE).- Las propuestas de la polémica reforma de seguridad impulsada por el Gobierno de José Antonio Kast para combatir al crimen organizado "no se ajustan a las obligaciones internacionales de Chile" con su amplia concesión de facultades, indicó este martes la organización Human Rights Watch (HRW).
"Las reformas propuestas, con su amplia concesión de facultades para suspender o restringir los derechos humanos fundamentales, no se ajustan ni intentan ajustarse a las obligaciones internacionales de Chile", señaló la organización en un comunicado.
El proyecto de reforma constitucional, ingresado a mediados de agosto, permitiría al Presidente decretar un estado de excepción por ocho meses sin consulta previa al Congreso, además de intervenir comunicaciones de ciudadanos y limitar la libre circulación de las personas, así como el derecho de reunión y asociación.
"En lugar de proteger a los chilenos, esta propuesta, que crea un nuevo tipo de estado de emergencia y amplía las facultades presidenciales, pone en riesgo los derechos a la libertad de reunión y de asociación", señaló la directora para las Américas de HRW, Juanita Goebertus.
Goebertus añadió que "las reformas constitucionales propuestas amenazan los derechos de los chilenos y ponen en peligro sus instituciones".
En este contexto, la organización consideró que el Congreso chileno debería rechazar la reforma de seguridad porque "pondría en peligro una amplia gama de derechos humanos", advirtió.
La propuesta del Ejecutivo, alertó HRW, le otorgaría al Presidente "una autoridad prácticamente ilimitada para declarar estados de emergencia en respuesta a cualquier situación que considere una amenaza inminente para la 'seguridad pública'".
Y añaden que el nuevo estado de excepción se sumaría a los cuatro tipos de estados de emergencia ya previstos en la Constitución chilena.
La ONG también advirtió que la reforma otorgaría una nueva facultad al Jefe de Estado para declarar grupos como organizaciones terroristas o criminales, "pero no especifica los efectos legales de dicha declaración".
Además, la creación de "regímenes penitenciarios diferenciados con restricciones a visitas y beneficios para ciertas categorías de detenidos".
HRW mencionó que la Convención Americana sobre Derechos Humanos permite a los Gobiernos suspender algunas obligaciones de derechos humanos en caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado.
"Siempre que tales medidas sean estrictamente necesarias para hacer frente a las exigencias de la situación y sean consistentes con otras obligaciones de derecho internacional", agregó la ONG.
Kast afirmó el pasado lunes que el estado de excepción "no es renunciable" y apuntó que la reforma se basa en los cambios que ha experimentado el crimen organizado en Chile y la región, los cuales deben ser enfrentados con "una herramienta distinta", al tiempo que consideró que el texto de la reforma puede ser modificado en la discusión legislativa.
En total, Kast presentó ocho modificaciones a la Carta Fundamental chilena en el marco de la llamada Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), además de un paquete de 19 iniciativas legales que ya se estaban tramitando en el Congreso junto a otra decena de propuestas.
"Se trata de una peligrosa usurpación de poder que pone en riesgo los derechos de todos los chilenos", concluyó Goebertus. EFE
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