Reformas de seguridad propuestas por Kast "amenazan" derechos de los chilenos, advierte HRW
Santiago, Chile, 1 Set 2026 (AFP) -
Las reformas de seguridad propuestas por el presidente ultraderechista José Antonio Kast en Chile, que incluyen la creación de un estado de excepción contra el crimen organizado, "amenazan" los derechos de los ciudadanos, advirtió este martes la oenegé Human Rights Watch (HRW).
Las críticas de la organización internacional se suman a las que recibió el proyecto internamente. Dirigentes oficialistas y opositores han expresado reparos a las amplias facultades que recibiría el presidente en su lucha contra el crimen.
Chile es uno de los países más seguros de Latinoamérica, aunque los asesinatos y secuestros aumentaron en los últimos años con la llegada de grupos criminales extranjeros, como el Tren de Aragua de Venezuela.
Su tasa de homicidios fue de 5,4 por cada 100.000 habitantes en 2025, el doble que hace una década.
Kast propuso al Congreso ocho modificaciones a la Constitución, entre ellas la creación de un estado de excepción que podría decretarse por 240 días, sin aprobación del Congreso, y restringir libertades como de movimiento y reunión en caso de amenaza grave contra la seguridad pública.
"Las reformas constitucionales propuestas amenazan los derechos de los chilenos y ponen en peligro sus instituciones", declaró Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW, en un comunicado en el que también se pide al Congreso rechazar la propuesta.
Reformar la Constitución es un proceso complejo y obligará al gobierno a buscar apoyos más allá de su coalición. Ante los cuestionamientos, el Ejecutivo decidió rebajar la urgencia del trámite para lograr los apoyos necesarios en el Congreso.
"Concede poderes excesivos al presidente que jamás querría en manos de (la) oposición", escribió en X Luciano Cruz-Coke, senador y presidente del partido derechista Evópoli, que conforma la coalición oficialista. "No se justifica en democracia", agregó.
HRW cuestionó otras facultades asociadas al nuevo estado de excepción, entre ellas la posibilidad de interceptar comunicaciones y requisar bienes.
También criticó que la reforma constitucional le permita al presidente declarar a determinados grupos como organizaciones terroristas o criminales, sin especificar los efectos legales de esa designación.
Según HRW, las reformas, "con su amplia concesión de facultades para suspender o restringir los derechos humanos fundamentales, no se ajustan ni intentan ajustarse a las obligaciones internacionales de Chile".
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