RSF denuncia al Estado brasileño por vigilar ilegalmente a periodistas
Río de Janeiro (Brasil), 7 abr (EFE).- Reporteros Sin Fronteras (RSF) y otras organizaciones presentaron este martes una denuncia civil contra el Estado brasileño por haber usado los órganos de inteligencia para vigilar ilegalmente a periodistas durante el Gobierno del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro (2019-2022).
Según un comunicado de RSF, el Ejecutivo del expresidente, condenado a 27 años de prisión por golpismo, utilizó la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin) para hacer seguimientos ilegales a periodistas y a organizaciones de la sociedad civil, incluyendo RSF.
La demanda busca el "reconocimiento legal de la responsabilidad del Estado por graves violaciones a la libertad de prensa y representa un paso importante para impedir que estructuras de inteligencia sean usadas para intimidar profesionales de los medios de comunicación", según la organización.
La denuncia, presentada justo cuando se conmemora el Día del Periodista en Brasil, fue presentada conjuntamente por RSF, la Federación Nacional de los Periodistas (Fenaj, por sus siglas en portugués), la Asociación Brasileña de Periodismo Investigativo (Abraji), el Sindicato de Periodistas del Estado de São Paulo y la organización ARTIGO 19.
Los demandantes citaron específicamente la llamada "ABIN paralela", como la prensa brasileña llama una estructura clandestina de espionaje creada en el seno de la Agencia de Inteligencia por el Gobierno de Bolsonaro para atender los intereses personales y políticos del líder ultraderechista.
Según una decisión en la que el Supremo Tribunal Federal (STF) confirmó la existencia de la "ABIN paralela", en junio de 2025, entre sus blancos estaba Reporteros Sin Fronteras.
"Cuando las estructuras de inteligencia del Estado son desviadas para espiar periodistas, estamos ante un ataque directo a la libertad de prensa y a la democracia", afirmó el director de RSF para América Latina, Artur Romeu, citado en el comunicado.
El activista afirmó que la organización no busca reparaciones individuales sino establecer un precedente jurídico en defensa del derecho colectivo a la libertad de prensa.
Los autores de la denuncia piden que la Justicia obligue al Ejecutivo a adoptar las medidas necesarias para impedir cualquier forma de vigilancia ilegal de periodistas y que garanticen que las acciones invasoras, como escuchas telefónicas, solo puedan ser puestas en marcha con orden judicial.
Los demandantes también solicitan reparaciones colectivas para la comunidad periodística, reformas institucionales para evitar nuevas violaciones y que los programas de formación de los miembros de las agencias de inteligencia incluyan contenidos sobre la libertad de prensa. EFE
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