Salarios para sobrevivir, alquileres de lujo: el malestar por la vivienda en Oporto
Carlota Ciudad
Oporto (Portugal), 16 oct (EFE).- "Sola no lo conseguiría", dice Sofía Oliveira, que pudo comprar una vivienda gracias a una garantía pública y a vivir en pareja. Su testimonio refleja las dificultades que alimentan las protestas por la vivienda en Oporto, donde vecinos denuncian ante EFE salarios insuficientes y alquileres inasumibles, pero dudan de que las movilizaciones se traduzcan en mejoras.
Las protestas de esta semana en la ciudad del norte de Portugal han puesto de nuevo el foco en una crisis para la que los entrevistados por esta agencia reclaman mejores sueldos, más vivienda pública y medidas del Gobierno de centroderecha que respondan a sus dificultades para acceder a un hogar.
Oliveira, de 26 años, trabaja en un comercio próximo a la plaza D. João I, escenario de las movilizaciones, y cobra un sueldo "próximo al salario mínimo". Explica que ha podido comprar una vivienda en las afueras gracias a la garantía pública para la adquisición de una primera casa por jóvenes, aunque subraya que no habría podido hacerlo sola.
La joven apoya a los manifestantes que intentaron acampar en la plaza y fueron desalojados por la Policía la madrugada del jueves.
"No veo que hayan hecho algo mal, están luchando por nuestros derechos", afirma, aunque considera que las protestas deberían haberse celebrado antes de que el Gobierno llevara al Parlamento sus propuestas para agilizar los desahucios y aumentar la oferta de alquiler.
Las medidas, que recibieron una primera aprobación parlamentaria hace dos semanas, incluyen la posibilidad de iniciar el procedimiento de desahucio cuando el inquilino acumule dos meses de impago, frente a los tres actuales; suprimir el límite del 2 % al incremento de la renta de los nuevos contratos respecto al alquiler anterior, y permitir a los propietarios exigir hasta tres mensualidades anticipadas, frente a las dos actuales.
Para Oliveira, la solución también pasa por elevar el salario mínimo, situado en 920 euros brutos mensuales y cuya subida a 970 euros está prevista para 2027.
"Aumentar en cincuenta euros el sueldo mínimo es nada", sostiene. A su juicio, esa mejora queda absorbida por el encarecimiento del coste de la vida, en un país donde la inflación interanual alcanzó el 3,6 % en septiembre.
Sueldos que no alcanzan para un techo
A pocos metros de su comercio, Vítor Rocha, gerente de un restaurante, coincide en que los salarios son insuficientes y que su aumento debería ser una de las vías para afrontar la crisis.
"Creo que los salarios son la base de la civilización y, si hubiera salarios mayores, fácilmente podríamos afrontar los precios de las casas", declara a EFE.
Rocha considera que la evolución de los sueldos en Portugal no ha acompañado la de los precios y compara esa situación con la de España, donde, según sostiene, los salarios han aumentado más en los últimos años.
En su opinión, las protestas han dado mayor visibilidad al norte del país frente a la capital. Sin embargo, discrepa de algunas de sus expresiones, como la presencia de banderas palestinas, que vincula con causas "que no tienen nada que ver" con Portugal.
"Sí, la vivienda está cara, el Estado tiene que impulsar algunas medidas para apoyar al pueblo portugués", afirma.
Otra vecina, Sandra Oliveira, señala que a los bajos salarios se suma la falta de vivienda pública, una carencia que, a su juicio, favorece la especulación y encarece el resto de la oferta.
Comprende las movilizaciones, que interpreta como una señal de que los ciudadanos no son "burros mansos".
"Tenemos que tener un techo para vivir con dignidad y no es compatible con estos salarios tan bajos, con alquileres como si fueran casas de lujo para gente rica. No tiene sentido, crea una revuelta, crea inseguridad para toda la población", sostiene.
Las protestas, que tienen previsto extenderse este sábado a Lisboa, se producen en un contexto de fuerte encarecimiento de la vivienda. Según Eurostat, los precios de compra en Portugal aumentaron un 16,5 % interanual en el segundo trimestre de 2026, frente al 4,7 % del conjunto de la Unión Europea.
Entre las demandas de los activistas figuran limitar los alquileres, aumentar la vivienda pública, recuperar inmuebles vacíos para uso residencial y frenar los desahucios. EFE
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