Un 68 % de los españoles apoya que la industria pesada pague por sus emisiones
Bruselas, 1 jul (EFE).- Un 68 % de los españoles apoya que industrias pesadas como el acero, el cemento o la química paguen por sus emisiones de CO2, por encima de la media del 59 % registrada en seis grandes países europeos, según una encuesta de YouGov encargada por varias organizaciones climáticas.
El sondeo, encargado entre otras por WWF, la Red de Acción Climática, Ecodes, la Oficina Europea del Medioambiente o Beyond Fossil Fuels, analiza a Francia, Alemania, España, Italia, Países Bajos y Polonia, y apunta que un 72 % de los encuestados cree que las empresas que más emiten o que no reducen sus emisiones deberían pagar más que las demás.
Los resultados se publican antes de que la Comisión Europea presente, previsiblemente el 15 de julio, su propuesta de revisión del régimen europeo de comercio de derechos de emisión (ETS), el principal mercado de carbono de la UE y una de sus herramientas centrales para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
"Los ciudadanos europeos lo entienden: no se puede tener una industria resiliente sin que sea limpia", afirmó la responsable de industria y acero de Beyond Fossil Fuels, Carlota Ruiz Bautista, quien pidió a los líderes políticos que "escuchen a sus ciudadanos" y no permitan que grandes empresas contaminantes "vacíen de contenido" el ETS.
El ETS, creado en 2005, obliga a sectores como la generación eléctrica, la industria pesada o la aviación a cubrir sus emisiones con derechos de CO2, aunque muchas industrias intensivas en energía han recibido históricamente parte de esos derechos de forma gratuita para evitar la deslocalización de la producción.
Esas asignaciones gratuitas deben eliminarse progresivamente entre 2026 y 2034 en los sectores cubiertos por el mecanismo europeo de ajuste en frontera por carbono, pero parte de la industria y algunos gobiernos piden más flexibilidad o prolongar esas ayudas por el impacto de los costos energéticos y la competencia internacional.
Frente a ese debate, el sondeo señala que un 50 % de los encuestados prefiere que los gobiernos cobren ingresos por las emisiones y los inviertan directamente en descarbonización industrial, frente a un 18 % que considera que las industrias intensivas en energía no deberían pagar por su CO2.
También muestra que, si las empresas siguen recibiendo derechos gratuitos, un 62 % de los europeos cree que deberían estar obligadas a reinvertir ese beneficio en reducir emisiones futuras, mientras que un 63 % exige que apoyen una transición justa para los trabajadores con formación, reciclaje profesional y buenas condiciones laborales.
Paisaje político español
En España, el apoyo a que la industria pesada pague por sus emisiones alcanza un 78 % entre votantes del PSOE, un 88 % entre los de Sumar y un 61 % entre los del PP, mientras que entre los de Vox baja a un 36 %, con un 46 % en contra, según el informe.
El documento subraya que, incluso entre los votantes del PP, los partidarios de que la industria intensiva en energía pague por sus emisiones triplican a los detractores, un dato que las organizaciones interpretan como prueba de que el principio de "quien contamina paga" va más allá del electorado ecologista.
También hay diferencias por partidos cuando se pregunta si las empresas que sigan recibiendo derechos gratuitos deberían reinvertir ese beneficio en reducir sus emisiones futuras: la medida cuenta con el apoyo de un 86 % de los votantes de Sumar, un 72 % de los del PSOE, un 66 % de los del PP y un 55 % de los de Vox.
"España está entre los países que más apoyan que quien contamina pague, y no es casualidad", señaló el responsable de políticas de descarbonización industrial de Ecodes, Juan Fer Martín, para quien la competitividad europea "no se construirá rebajando la ambición climática", sino reduciendo las vulnerabilidades que la dependencia fósil impone a la industria.
La encuesta fue realizada en línea por YouGov entre el 6 y el 18 de mayo de 2026 a 6.156 adultos de los seis países, con muestras representativas a escala nacional, entre ellas 1.035 personas en España. EFE
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