Un año después, la acción policial más letal de Brasil deja más preguntas que respuestas
(Actualiza con datos de la rueda de prensa)
Río de Janeiro, 28 oct (EFE).- Un año después de la operación policial más letal de Brasil, que dejó 122 muertos en Río de Janeiro, son más las preguntas que las respuestas sobre las circunstancias de las muertes y las decisiones que llevaron al operativo, según una investigación divulgada este miércoles por Human Rights Watch (HRW).
El operativo en el que participaron unos 2.500 agentes tuvo lugar en los complejos de favelas de la Penha y el Alemão, con el objetivo de cumplir cien órdenes de captura contra presuntos miembros del Comando Vermelho, una de las principales facciones criminales de Brasil.
En una rueda de prensa, el director de HRW en Brasil, César Muñoz, pidió esclarecer las muertes, investigar a los responsables y adoptar estrategias contra el crimen organizado que respeten los derechos humanos.
Según Muñoz, la operación no mejoró la seguridad en la zona, sino que por el contrario tuvo un impacto "nulo" en la seguridad pública y empeoró la situación en las favelas.
La ONG reclamó investigaciones exhaustivas sobre las muertes y las decisiones que condujeron a la operación, incluidas las responsabilidades de los mandos policiales y las autoridades.
También pidió que los fiscales dirijan las investigaciones y que los peritos forenses trabajen de forma independiente, fuera de la estructura de la Policía Civil.
Hasta el momento, la fiscalía de Río ha acusado a 19 policías por delitos como allanamiento de morada, hurto y manipulación de cámaras corporales, pero ninguno por uso ilegal de la fuerza, según HRW.
La organización analizó más de 4.400 horas de grabaciones de cámaras corporales, 122 informes de autopsias, unas 9.000 páginas del expediente oficial, cientos de fotografías y videos, y entrevistas con 41 testigos, familiares de las víctimas y especialistas.
Indicios de uso excesivo de la fuerza
Tras el análisis, la organización encontró indicios de uso excesivo de la fuerza que sugieren que algunas personas pudieron haber sido asesinadas intencionalmente.
Más del 40 % de las víctimas civiles recibió disparos en la cabeza, más del 60 % sufrió cuatro o más impactos de bala y casi el 75 % presentaba al menos un disparo por la espalda, según los informes forenses examinados.
Muñoz cuestionó que la policía justificara las muertes de quienes estaban en la zona boscosa alegando que todos habían ofrecido resistencia.
"Eso no era el objetivo de la operación; el objetivo era detener a los sospechosos para que fueran responsabilizados por los delitos", afirmó.
Fallas en las cámaras corporales
HRW también detectó fallas sistemáticas en las cámaras corporales, pues ninguna de las muertes quedó registrada en las grabaciones obtenidas y el 55 % de los videos terminó o sufrió interrupciones hacia el mediodía, aunque la mayoría de las muertes ocurrió después de esa hora.
Algunas cámaras se dejaron encendidas antes de la operación para agotar sus baterías, las cuales no recargaron aunque es obligatorio hacerlo, mientras que otras tenían los lentes cubiertos u obstruidos.
La policía tampoco preservó adecuadamente los lugares donde se produjeron las muertes ni garantizó las pericias necesarias, pese a que la ley lo exige.
Entre la noche del 28 de octubre y la madrugada del día siguiente, los residentes de la zona encontraron decenas de cuerpos y los trasladaron hasta una plaza de Penha.
Al menos 62 cadáveres fueron colocados uno junto a otro sobre el asfalto, en imágenes que dieron la vuelta al mundo.EFE
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