Alerta por disposición del PGE 2025: Gobierno dice que el sector privado podrá participar de la reglamentación
Al ser consultado se suprimirá esta disposición, el ministro de Economía sostuvo que es la Asamblea Legislativa la que debe analizar la pertinencia de algún artículo en el anteproyecto de ley.
Ante la intranquilidad que genera la disposición adicional séptima del anteproyecto de ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, llegó a Santa Cruz para socializar la propuesta y dijo que el sector privado podrá participar de la reglamentación del mismo.
En los últimos días, desde la oposición política, el sector productivo y el industrial se hizo eco de esta disposición y se denunció que el Gobierno plantea el decomiso de productos si se considera que un precio es elevado.
“Hemos hablado con la CAO (Cámara Agropecuaria del Oriente) de que esto se tiene que reglamentar, de seguro que el sector puede participar con la experiencia que tiene para que la reglamentación sea efectiva en favor del pueblo boliviano”, sostuvo la autoridad después de reunirse con dirigentes del sector productivo.
Sin embargo, al ser consultado se suprimirá esta disposición, Montenegro dijo que no puede decir si se mantendrá o no la disposición y sostuvo que es la Asamblea Legislativa la que debe analizar la pertinencia de algún artículo en el anteproyecto de ley.
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“En las leyes los marcos son genéricos, donde se encuentra ya la aplicación efectiva es en la reglamentación, donde están invitados los productores y todos los actores que le han hecho bien a la industrias, ellos están invitados a reglamentar el artículo para que se genere justamente esa confianza y esa trazabilidad en la producción”, agregó la autoridad.
La disposición adicional séptima del PGE contempla que, “con la finalidad de garantizar la disponibilidad y abastecimiento de alimentos esenciales, se faculta a las entidades competentes, activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos”.
Además, refleja que todo actor de la cadena productiva de alimentos esenciales, debe contar con una declaración jurada sobre información de producción, transformación y comercialización, conforme a la reglamentación aprobada por resolución biministerial emitida por los ministerios de Desarrollo Rural y Tierras y el de Desarrollo Productivo.
