Confeagro, transportistas y comerciantes rechazan la disposición de decomiso del PGE 2025
Una disposición contenida en el PGE 2025 “faculta a las entidades competentes, activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos, que almacenen o pretendan encarecer los precios”
La Confederación Agropecuaria Nacional (Confeagro), gremiales y transportistas se reunieron en Cochabamba y desde esa región rechazaron la disposición sobre el decomiso de mercancías bajo sospecha de agio y especulación.
Tras la cita, el presidente de Confeagro, José Luis Farah, leyó un pronunciamiento conjunto que se refiere a la disposición incluida en el Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 y que otorga facultad a las reparticiones de fiscalización del Gobierno a ejecutar decomisos de productos bajo sospecha de agio y especulación.
“Las autoridades, en vez de buscar soluciones de fondo, aplican la intervención y el amedrentamiento que lejos de resolver la escasez de productos, la profundiza. Prueba de ello es que las últimas acciones no han resuelto la falta de arroz y de aceite”, señaló.
“No conforme con estas acciones directas, se incorpora la disposición adicional séptima en la Ley 1613 del Presupuesto General del Estado de la Gestión 2025, generando una inseguridad jurídica total para todos los actores que participamos en las distintas cadenas de suministro”, añadió.
Los sectores reunidos en la ciudad de Cochabamba manifestaron que esa disposición será contraproducente y alentará el acopio de productos para impulsar el contrabando a la inversa, es decir, que puede promover las salida de los productos a los países vecinos.
Disposición
La disposición adicional séptima del PGE 2025 establecía que, “con la finalidad de garantizar la disponibilidad y abastecimiento de alimentos esenciales, se faculta a las entidades competentes, activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos”.
En criterio del bloque, “nadie producirá a pérdida o para que le confisquen sus productos con el pretexto de la especulación, generando un escenario propicio para la arbitrariedad y extorsión de funcionarios públicos”.
Farah argumentó que “a veces uno tiene productos para abastecerse un día, cinco días, una semana, 30 días, 60 días, y no por tener esto uno puede ser señalado por especulación o agio”, afirmó.
Similar queja han planteado sectores gremiales de El Alto y La Paz, además de varios sectores del transporte.
De hecho, los gremiales marcharán en La Paz el 13 de enero y el sector que se reunió en Cochabamba anunció un ampliado nacional que se desarrollará en Santa Cruz.
Frente a ese panorama, el viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, anunció la inclusión de los sectores considerados “afectados” en el trabajo de la reglamentación de la norma.
