Ministro Espinoza: “El PGE Reformulado 2026 se aprobó con consenso después de más de 20 años”

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en su estación en grande y detalle el proyecto de ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2026, tras varias horas de debate

Publicación: Hace 2 horas
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José Gabriel Espinoza, ministro de Economía y Finanzas Públicas

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, destacó la aprobación en Diputados, del proyecto de ley del Presupuesto General del Estado Reformulado 2026. Lo calificó como un avance económico y también como un “hecho político” por el retorno del debate parlamentario.

“La aprobación se dio en grande y en detalle, con más de dos tercios”, dijo a través de un video publicado en sus redes sociales.

La autoridad destacó que más allá de las modificaciones, “que permitirán dar más recursos a alcaldías y gobernaciones, y reorientar el ahorro del gasto corriente no esencial a salud, educación y seguridad, también se dio un hecho político”, la aprobación del PGE marca un importante hecho político.

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Subrayó que, después de más de 20 años, un presupuesto fue discutido, presentado y consensuado con distintas fuerzas políticas en la Asamblea Legislativa.

“Antes, el rodillo parlamentario hacía que esos presupuestos se aprueben prácticamente sin discusión. Peor aún, en los últimos cinco años del anterior régimen ni siquiera se presentaba el presupuesto y se aprobaba por decreto”, señaló.

Hoy hemos vuelto a una sana discusión que, más allá de nuestras diferencias, logró un consenso amplio. Las instituciones se fortalecen cuando el diálogo reemplaza la imposición y cuando el interés del país está por encima de las diferencias”, sostuvo.

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La normativa plantea los anticipos financieros de las entidades territoriales autónomas, saldos de caja y bancos del sistema único de salud universal y gratuito, obligaciones de las entidades territoriales autónomas con impuestos directo a los hidrocarburos, inscripción de recursos específicos, régimen excepcional para la reorganización, disolución y liquidación de empresas públicas del nivel central del Estado, el cierre de fideicomisos públicos y la conversión de obligaciones del fondo para la revolución industrial productiva.

Tras aprobarse en la Cámara de Diputados el proyecto de ley fue remitido a la Cámara de Senadores para fines constitucionales de revisión.

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