“No hay jubilación forzosa porque el trámite es voluntario”, dice viceministro de Pensiones que deja al Legislativo posibles ajustes a la ley
El viceministro de Pensiones, Franz Apaza, dijo que el proyecto de ley busca incrementar las pensiones de los jubilados y sugirió a los sectores movilizados enviar sus observaciones al Legislativo para que se analice un posible ajuste en el texto
Cuando arranca el primer día del paro de 72 horas que impulsan los médicos y el personal de salud, el viceministro de Pensiones, Franz Apaza, reiteró que el cuestionado proyecto de norma sobre un ajuste a la Ley de Pensiones no establece la jubilación obligatoria a los 65 años tal como denuncian los movilizados.
“En realidad, lo que busca es incrementar las pensiones de jubilación, se están modificando los límites solidarios, de tal forma de que los jubilados y los futuros jubilados puedan recibir un incremento en las pensiones de jubilación de hasta 1.000 bolivianos en función a los años de aporte que hayan realizado durante su vida laboral”, señaló en una entrevista con La Revista de la red UNITEL.
Explicó que este fondo solidario ya rige desde 2010 y casi el 70% de los jubilados ha recibido un incremento en su pensión gracias al fondo solidario. En ese contexto, Apaza dejó en manos del Legislativo un posible ajuste a la norma.
“Rechazamos la desinformación que establecen algunos dirigentes. La edad de jubilación está establecida en el artículo 13 de la ley 065 vigente desde el año 2010”, señaló Apaza.
Los médicos denunciaron que el proyecto de ley establece la jubilación forzosa a los 65 años. “En Bolivia la edad de jubilación es a partir de los 58 años. Y en el caso de las mujeres, la edad de jubilación puede bajar hasta los 55 años, se les reduce un año por cada hijo vivo nacido”, señaló Apaza.
En ese marco, subrayó que “no se está cambiando la edad de jubilación”.
“Lo que en realidad establece la disposición adicional única de este proyecto de ley es que los trabajadores que cumplan 65 años puedan acceder a un examen médico a cargo del Instituto Nacional de Salud Ocupacional, un instituto que lleva casi 70 años de vida y que es una instancia especializada en medicina del trabajo”, señaló.
Apaza explicó que se trata de “una medida preventiva para que los trabajadores a esa edad tengan información sobre su estado de salud y sean ellos mismos los que decidan si quieren seguir trabajando o de repente les conviene ya jubilarse considerando que las pensiones de jubilación en nuestro país han ido mejorando progresivamente”.
Examen médico
Precisamente ese es un punto que cuestionan los médicos puesto que consideran que someterse a exámenes, a un análisis, podría derivar en una jubilación forzosa.
En criterio del viceministro de Pensiones “eso es incorrecto”. Aseguró que la información del examen médico servirá para que el trabajador asuma una decisión “voluntaria”.
“En realidad, el examen médico le va a dar información al trabajador sobre su estado de salud. Y con esa información es el propio trabajador el que puede decidir iniciar su trámite o no de jubilación. Esa es una decisión voluntaria”, señaló.
Apaza explicó que para que una persona se jubile debe cumplir requisitos, por ejemplo cumplir 58 años en el caso de los varones y que tenga al menos 10 años de aporte de forma continua o discontinua al sistema de pensiones.
“Cumpliendo esos requisitos ya una persona recién puede iniciar un trámite ante la Gestora Pública para poder acceder a una pensión de vejez o pensión solidaria de vejez. Entonces, no hay una jubilación forzosa, obligatoria o automática. Es un proceso voluntario, un trámite voluntario”, sostuvo.
Jubilados
Puntualizó que “en el país tenemos 17.800 jubilados que continúan trabajando. Eso demuestra que el ser jubilado no es un impedimento para el trabajo”.
¿Hay la posibilidad de que se elimine este acápite del proyecto de ley?
“El proyecto de ley está en la Asamblea. Es un proyecto que recién va a ser tratado en el pleno de la Cámara de Diputados, luego en el pleno de la Cámara de Senadores, y es en esa instancia en la cual se va a revisar en grande y en detalle el proyecto de ley.
“Por eso este tipo de movilizaciones no van a tener ningún resultado porque son los diputados y los senadores los que van a definir cuál va a ser el curso de la ley. Instamos a que depongan intereses políticos a algunos dirigentes que están desinformando”, señaló.
Insistió en que “nosotros tenemos todo el sustento técnico y legal de este proyecto de ley y la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, ha establecido que en el mundo fallecen 2,4 millones de trabajadores por enfermedades del trabajo, enfermedades que no han sido detectadas ni tratadas oportunamente”.
La movilización de los trabajadores de salud perjudica a los sectores vulnerables que acuden a los centros públicos en busca de atención médica.
En el arranque de la primera jornada de protestas los pacientes han reclamado por este tipo de medidas de presión.
La suspensión de las medidas de presión genera la reprogramación de las citas y los estudios médicos hasta meses después como es habitual en el servicio público de salud.
¿Qué acciones tomará usted para evitar esto? “Es lamentable que los dirigentes del sector de salud estén llamando a esta movilización” puesto que “la población es la perjudicada, es la molesta porque hay cirugías, hay exámenes que se están postergando y ese es un perjuicio que lo sufre la población”.
“Cuando estos dirigentes quieren observar el proyecto de ley, deben justificar sus observaciones y remitirlas a la Asamblea porque en ese escenario recién se lo va a tratar. Entonces, sin duda, llamamos a la reflexión, nosotros vamos a seguir con la socialización del proyecto de ley”, anunció.
“Esperamos que no hayan intereses políticos detrás de este tipo de medidas de presión y esperamos pues que ya en la Asamblea se pueda convocar al pleno para que en ese escenario se tenga que debatir y dialogar sobre este proyecto de ley”, señaló.
