¿Nuevo reglamento para empresas de tecnología financiera aplica a Binance? Esto dice la ASFI
Desde la entidad estatal detallaron para qué tipo de instituciones aplica el nuevo reglamento que entró en vigencia y al que deben adecuarse para operar en territorio nacional
La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) aclaró que el nuevo reglamento para Empresas de Tecnología Financiera (ETF), aprobado mediante resolución ASFI 540/2025, no está dirigido a plataformas internacionales como Binance, según lo reflejado la directora de la entidad estatal., Ivette Espinoza.
“Algo errado que han estado diciendo es que vamos a normar a Binance o esas otras plataformas internacionales. La normativa es clara: no aplica a operaciones ‘peer to peer’, como las que realiza Binance”, señaló Espinoza al aclarar que el reglamento está enfocado en regular empresas intermediarias que brindan servicios tecnológicos financieros desde y en el país.
Espinoza explicó que algunas empresas actuaban como intermediarias entre el usuario y Binance, garantizando que las operaciones se realicen con compradores confiables. “A esas empresas sí se las va a regular, porque están prestando un servicio financiero, no es un intercambio entre particulares”, dijo.
¿Para quiénes aplica?
Según el reporte, el reglamento se aplica específicamente a empresas constituidas en Bolivia o extranjeras que operan mediante alianzas con entidades supervisadas en el país; deben estar legalmente establecidas y brindar servicios en los ámbitos de finanzas, valores o seguros, con uso de innovación tecnológica.
Estas empresas son ahora reconocidas como entidades de servicios financieros complementarios y están sujetas a supervisión, de acuerdo con la explicación de la ejeuctiva.
Además, el reglamento establece principios como la innovación responsable, la interoperabilidad entre plataformas y la confidencialidad de la información. Toda empresa que opere bajo esta figura debe cumplir con estándares de seguridad, gestión de riesgos y protección al consumidor.
También se incluyen disposiciones sobre obligaciones mínimas, prohibiciones (como prestar servicios no autorizados o transferir datos sin consentimiento) y normas sobre liquidación ordenada de estas empresas, para evitar afectaciones al público.
