Sectores de la cadena productiva ratifican paro contra decomisos para el 10 de febrero; “es una medida extrema”, dice el Gobierno
Este miércoles se realiza un encuentro de distintos sectores que rechazan la disposición adicional de confiscación que está contemplada en la ley financial
Para el 10 de febrero fue ratificado un paro nacional moviliziado que llevarán adelante distintos sectores de la cadena productiva que rechazan la disposición adicional séptima enmarcada en la ley financial, que estipula decomisos en casos de supuesto agio y especulación de precio de productos.
”Exigimos al presidente nato de la Asamblea Legislativa que convoque a sesión de forma inmediata para proceder a la respectiva derogación (de la disposición) en base a los proyectos de ley que se les ha hecho llegar a la fecha”, señala parte del pronunciamiento emitido este miércoles por los actores económicos movilizados.
La medida anunciada es calificada como “extrema” por el Gobierno que nuevamente hace un llamado a instalar una mesa de diálogo para tratar el tema.
Así lo manifestó el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, en una conferencia de prensa que brindó al mediodía de este miércoles.
La autoridad señaló que el Gobierno nacional ha establecido un mecanismo de diálogo y que tanto el ministro de Desarrollo Rural, ministro de Desarrollo Productivo y el ministro de Justicia han invocado a sentarse en mesas de trabajo para buscar soluciones, pero no han tenido una respuesta favorable a su petición.
En ese contexto, considera que “tomar medidas de pleno”, como el paro “no condice con esa cultura de diálogo que tiene el pueblo boliviano y por lo tanto la consideramos una medida extrema”.
Mientras tanto, este miércoles se realizó el cuarto encuentro multisectorial en Tarija que reunió a distintos actores de la cadena productiva que rechazan la disposición séptima enmarcada en la ley financial.
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Se conoce que desde hace varias semanas, agropecuarios, transportistas, gremiales, industriales, exportadores y cuentapropistas cerraron filas en contra de esta disposición que contempla el “control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos”.
