Cancillería argentina: Bolivia ejerció sus “facultades soberanas” al denegar el ingreso a activistas que apoyan bloqueos
“La Embajada de la República Argentina en Bolivia y los Consulados Generales en La Paz y Santa Cruz de la Sierra activaron de inmediato los mecanismos de asistencia consular correspondientes”, señala el reporte
Después de que se negara el ingreso a Bolivia a un grupo de activistas argentinos, la Cancillería del país vecino emitió un comunicado este lunes en donde manifiesta que Bolivia actuó en ejercicio de sus “facultades soberanas” al rechazar la presencia de estas personas en territorio nacional.
Desde la Dirección General de Migración reportaron que la delegación pretendía ingresar al país para trasladarse a la ciudad de El Alto; sin embargo, debido al incumplimiento de una serie de requisitos exigidos por la normativa vigente, se le negó la admisión.
“En ejercicio de las facultades soberanas que corresponden a todo Estado para regular el ingreso, permanencia y salida de personas extranjeras de su territorio, decidieron no admitir el ingreso de los integrantes del grupo, quienes se encuentran retornando a la República Argentina”, reza el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
Fue el canciller argentino Pablo Quirno quien difundió el mensaje ministerial en redes sociales, en donde se refleja que los argentinos llegaron a Bolivia como parte de una autodenominada ‘Misión Internacional Humanitaria de Derechos Humanos’, “con el autodeclarado propósito de realizar un relevamiento de los derechos humanos en Bolivia a pedido de diputados bolivianos”.
“La Embajada de la República Argentina en Bolivia y los Consulados Generales en La Paz y Santa Cruz de la Sierra activaron de inmediato los mecanismos de asistencia consular correspondientes, manteniendo contacto permanente con las autoridades competentes”, indica el reporte oficial.
De acuerdo al comunicado oficial brindado por el Ministerio de Gobierno de Bolivia, las medidas adoptadas responden exclusivamente a criterios legales y administrativos, sin consideración de opiniones políticas, nacionalidad, afiliación ideológica o cualquier otra condición personal que pudiesen declarar los ciudadanos involucrados.
