Ante anuncio de bloqueo, la Procuraduría remarca que la Justicia estableció que se debe garantizar la libre circulación
El ala evista de campesinos de La Paz anunció “paro con bloqueo de caminos” desde el 16 de septiembre para exigir la renuncia del presidente Luis Arce
Ante el anuncio de bloqueo del ala evista, la Procuraduría General del Estado recordó este domingo que está vigente la Resolución Constitucional 040/2024 de 16 de febrero de 2024, con la que la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de La Paz determinó que los bloqueos atentan contra los derechos constitucionales de la vida, la salud, libre tránsito, alimentación y trabajo de la población.
La Federación Túpac Katari determinó ejecutar un paro indefinido con bloqueo de caminos desde el 16 de septiembre para exigir la renuncia del presidente Luis Arce y como una forma de protesta por la situación económica del país y los problemas en el suministro de dólares.
“De manera unánime, decreta el paro departamental y nacional con bloqueo de caminos hasta que renuncie el presidente Luis Arce y su vicepresidente David Choquehuanca”, reseña una parte de la resolución.
Comunicado de la Procuraduría
La Procuraduría detalla que según la resolución de la Justicia, los bloqueos de caminos vulneran derechos fundamentales al impedir el paso de alimentos, agravar la situación de salud de la población y obstaculizar la libre circulación de personas, insumos, combustibles y medicamentos.
”Ante tal violación de derechos, la Justicia Constitucional aclaró que la libre circulación debe ser garantizada para todos los bolivianos en todo el territorio nacional”, se menciona en el comunicado publicado este domingo.
El comunicado fue publicado cerca de las 8:00; sin embargo, alrededor de las 10:00 fue borrado de la página oficial de la Procuraduría.
Por su parte, el presidente Luis Arce señaló que es tiempo de trabajo y acciones. “No es un tiempo de politizar la lucha contra los incendios y menos de electoralizar nuestro país convocando a marchas y bloqueos que atentan contra la economía y la vida del pueblo boliviano”, señaló.
