Anulación del juicio contra Leopoldo Fernández sienta un precedente que puede beneficiar a Camacho, señala exsenador
“El juicio tiene que volver a Pando, donde sucedieron los hechos”, sostuvo Pablo Bravo, quien expresó que la decisión genera esperanza en la región y que el precedente también podría repercutir en otros procesos similares.
La anulación del juicio penal contra Leopoldo Fernández, dictada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), establece un precedente que podría incidir en el caso del gobernador Luis Fernando Camacho, según el punto de vista exsenador Pablo Bravo.
“Va a ser un precedente tremendo, no solamente para el caso de Porvenir y Leopoldo Fernández, sino también para el caso de Luis Fernando Camacho”, señaló Bravo en entrevista con UNITEL, la noche de este martes.
Camacho fue arrestado el 28 de diciembre de 2022 en una operación policial en Santa Cruz, considerado por sus seguidores como un “secuestro”, trasladado a La Paz y acusado por diferentes delitos que supuestamente cometió en Santa Cruz, jurisdicción a la que pertenece; sin embargo, permanece recluido desde ese entonces en la cárcel de Chonchocoro, en La Paz.
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El caso Porvenir
Después de 17 años, el TSJ determinó que Fernández debió ser juzgado mediante un juicio de responsabilidades, y no en un proceso penal ordinario, decisión responde a una vulneración del debido proceso, específicamente en cuanto al principio del juez natural, según explicó el magistrado Carlos Ortega.
El caso Porvenir se originó en septiembre de 2008, cuando se produjo un enfrentamiento en el departamento de Pando entre campesinos y supuestos simpatizantes del entonces prefecto Leopoldo Fernández. Los hechos derivaron en varias muertes y dieron lugar a una acusación por homicidio.
Fernández fue sentenciado a 15 años de cárcel en 2017; no obstante, la nueva resolución del TSJ señala que al momento de los hechos estaba vigente la Ley 2445, la cual establece que los prefectos deben ser juzgados por juicio de responsabilidades si los delitos fueron cometidos en el ejercicio de sus funciones.
“El juicio tiene que volver a Pando, donde sucedieron los hechos”, sostuvo Bravo, quien expresó que la decisión genera esperanza en la región y que el precedente también podría repercutir en otros procesos similares.
