Bloqueos: Crecen pedidos para que Rodrigo Paz use la fuerza de la ley sin renunciar al diálogo
Este jueves, la dirigencia de la COB radicalizó su discurso al pedir la renuncia del presidente Rodrigo Paz, mientras que el vocero presidencial apuntó que por detrás del conflicto está el narcotráfico
La radicalización del conflicto y los bloqueos empieza a generar reacciones que se reflejan en pedidos para que el presidente Rodrigo Paz haga cumplir la ley y restablezca el tránsito y el orden, aunque sin cerrar los canales de diálogo.
La presión aumentó luego de que el secretario ejecutivo de la Central Obrera Bolivia (COB), Mario Argollo, dejó de lado las demandas sectoriales y concentró su discurso en exigir la renuncia del mandatario, mientras distintos actores alertan sobre riesgos para la democracia y el agravamiento de la crisis.
“Ya se ha dejado de lado el tema de pliegos y peticiones sectoriales, aquí es el pedido único del pueblo movilizado que es el alejamiento y la renuncia del presidente por la falta de capacidad de solucionar los problemas estructurales”, sostuvo el dirigente este jueves dando un giro al discurso de la COB que hace dos semanas buscaba un aumento salarial para el sector obrero.
@unitel.bo LA COB radicaliza sus demandas y ahora exige la renuncia del presidente Rodrigo Paz como “único pedido”. El ejecutivo Mario Argollo responsabilizó al Gobierno de los problemas que enfrenta el país. 📲 Más información en Unitel.bo #Unitel #Sociedad #COB #Movilizaciones
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En este contexto, desde el Órgano Ejecutivo, los ministros de Obras Públicas y de Planificación, Mauricio Zamora y Fernando Romero, respectivamente, denunciaron que estas acciones buscan atentar contra la democracia en medio de las protestas en las carreteras.
Las reacciones también llegaron desde otros sectores. Por ejemplo, el Comité pro Santa Cruz acusó al líder cocalero Juan Evo Morales de estar detrás de este escenario y de impulsar un “golpe de Estado” contra el Gobierno de Rodrigo Paz, por lo que se enfila la convocatoria de un directorio cívico ampliado para analizar medidas en defensa del orden democrático.
Por su parte, el expresidente Jorge Tuto Quiroga pidió al Gobierno actuar con “una mano firme y decidida” para aplicar la Ley, aunque diferenciando las demandas sectoriales de las acciones que considera antidemocráticas.
“Mi sugerencia es: con los sectores que tienen demandas salariales, discutan el tema salarial. Los que tienen demandas sectoriales, discutan eso. Con los insurrectos, antidemocráticos, que están buscando otra cosa, apliquen la Ley”, sostuvo Quiroga en conferencia de prensa al resaltar que el Gobierno tiene las debidas facultades para hacer cumplir la Ley.
Quiroga consideró que el Ejecutivo demoró en atender reclamos salariales de sectores como salud, educación y la Policía, tras el decreto que fijó un incremento del 20% al salario mínimo y 0% para otros sectores. Sin embargo, cuestionó que los bloqueos sean asumidos como parte del derecho a la protesta y alertó que estas medidas afectan derechos fundamentales y agravan la emergencia en el país.
Desde el Gobierno, la Oficina del presidente Rodrigo Paz lamentó el fallecimiento de dos personas en el contexto de los bloqueos y exigió el levantamiento inmediato de las medidas de presión, según reza un comunicado oficial difundido en horas de la tarde, en un nuevo llamado a los sectores movilizados.
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Mientras que en horas de la noche, el vocero presidencial José Luis Gálvez denunció que detrás de dirigentes que impulsan los bloqueos existe financiamiento proveniente del narcotráfico, advirtiendo que “Bolivia no va a vivir secuestrada por políticos del Chapare que en alianza con el narco quieren tomar a la fuerza el poder”.
Desde el Legislativo, el diputado Antonio Pinto informó sobre una resolución aprobada en Diputados para instar al Gobierno y a los movilizados a abrir un diálogo y permitir un “puente humanitario” para el paso de alimentos, medicamentos, oxígeno y enfermos. La medida fue planteada tras las muertes y la situación crítica reportada en diferentes regiones.
“Dicen bloqueo indefinido, violando derechos humanos del conjunto de la población, bloqueo indefinido hasta que renuncie el presidente del Estado; o sea, hasta que se rompa el orden constitucional y se destruya el sistema democrático”, dijo por su parte el asambleísta Carlos Alarcón, de la bancada de la alianza unidad.
Para el analista Gustavo Pedraza, la decisión de la COB de dejar de lado sus pliegos sectoriales cerró el margen de negociación política y remarcó que el Ejecutivo debe actuar dentro del marco legal vigente para garantizar los derechos de la ciudadanía al abastecimientoy al libre tránsito.
“La COB tiene una demanda clara, la ha cambiado y ha sido muy categórica su solicitud de la renuncia del presidente. Esa demanda no se negocia”, sostuvo Pedraza. “La Constitución no le autoriza, le obliga al presidente a proteger el derecho de los ciudadanos”, agregó.
La Conferencia Episcopal Boliviana pidió priorizar el diálogo y establecer “pausas humanitarias” para permitir el paso de ambulancias, alimentos, medicamentos y personas que necesitan atención urgente. Además, expresó su disposición de acompañar espacios de encuentro para contribuir a la paz social.
El rector de la Uagrm, Reinerio Vargas, sostuvo que “hoy no se defiende un presidente, ni gobierno, se defiende la democracia, esto es sedición”, al pedir decisiones urgentes frente a una crisis que, dijo, se arrastra desde hace años.
Mientras las posiciones públicas se endurecen, en paralelo continúan algunos intentos de diálogo, con una comisión de dirigentes de Fedecomin ingresó este jueves a Palacio de Gobierno para reunirse con autoridades nacionales, aunque este escenario también trajo consigo gasificaciones y desmanes en el centro paceño.
El ejecutivo del sector, Ladislao Prada, aclaró que la movilización de los cooperativistas “nada tiene que ver con la Central Obrera Boliviana (COB)” y remarcó que su demanda está vinculada al respeto de la institucionalidad minera.
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