Cadena productiva recibe respaldo de cívicos cruceños para el paro nacional y otras medidas contra disposición confiscatoria del PGE
Sectores del aparato productivo alistan una movilización nacional para el 10 de febrero ante la falta de atención al pedido para derogar la disposición adicional séptima del PGE
El Comité pro Santa Cruz salió a respaldar las acciones que enfilan los sectores de la cadena productiva que se movilizan en contra de la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE), medidas entre las que asoman protestas a escala nacional para el 10 de febrero y un proyecto de ley para derogar dicho apartado de la Ley Financial.
“La cadena alimenticia que hace parte del Comité Pro Santa Cruz ha tocado nuestras puertas y, como corresponde, estamos apoyando las determinaciones y las solicitudes de nuestras instituciones. Así que, en las próximas horas, convocaremos al directorio a efectos de que la institucionalidad cruceña se pliegue a esta movilización y la apoye”, dijo el presidente cívico Fernando Larach.
El dirigente dio una conferencia en la que también estuvo presente su sucesor, Stello Cochamanidis, quien resultó electo el sábado pasado, así como también dirigentes de sectores como el agropecuario, el exportador, el transporte, el gremial y el industrial.
Larach también respaldo el proyecto de ley que será remitido a la Asamblea Legislativa con miras a derogar esta disposición de la Ley Financial, la cual contempla el “control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos”.
“La comunicación con la institucionalidad cruceña es permanente, con un trabajo coordinado en la defensa de los derechos de la institucionalidad, de los productores, de los gremiales, exportadores, transportistas y la sociedad cruceña y boliviana en su conjunto (...) El Comité pro Santa Cruz apoya las determinaciones”, agregó Larach.
Además, cuestionó que el Gobierno se ponga a convocar a diálogos y al mismo tiempo calificar de “delincuentes” a quienes no apoyan la disposición, cuestionando que se quiera a asociar a los actores productivos con el agio y la especulación.
“Aquí se debe velar el derecho a la propiedad privada, dar seguridad jurídica a la inversión y respetar la actividad privada, que es lo que hoy nos preocupa. A simple denuncia pueden darse confiscaciones de alimentos y otros elementos. Y no podemos permitir que esta situación se dé”, concluyó Larach.
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