Caso Hotel Las Américas: El plazo para el resarcimiento a las víctimas fenece este viernes, dice una de las víctimas
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el Caso 13.546 de Bolivia ante la Corte IDH el 26 de julio de 2024 “por las violaciones ocurridas en el marco de un operativo policial en la ciudad de Santa Cruz, que ocasionó la muerte de tres personas”
Este viernes 13 de febrero vence el plazo para que Bolivia cumpla con el resarcimiento para las víctimas del caso del Hotel Las Américas, Santa Cruz. Si no lo hace, se instalará un juicio en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), afirmó una de las víctimas, Juan Carlos Guedes.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el Caso 13.546 de Bolivia ante la Corte IDH el 26 de julio de 2024 “por las violaciones ocurridas en el marco de un operativo policial en la ciudad de Santa Cruz, que ocasionó la muerte de Michael Dwyer y otras dos personas y la detención de Elöd Tóásó, Mario Tadic, Juan Carlos Guedes y Alcides Mendoza”, informó ese organismo.
La Unidad Táctica de Resolución de Crisis (Utarc) ejecutó un operativo en el Hotel Las Américas, en Santa Cruz de la Sierra, el 16 de abril de 2009, durante el Gobierno de Evo Morales.
Guedes, una de las 39 víctimas encarceladas por este caso, confirmó al diario Correo del Sur que el plazo termina este viernes y pidió al Estado que cumpla con el resarcimiento y advirtió que si se instala el juicio, el actual Gobierno estará “defendiendo a Evo Morales”, a quien señala como responsable de las vulneraciones denunciadas.
“La CIDH concluyó que el Estado de Bolivia es responsable por la violación de los derechos a la vida, integridad personal, libertad personal, garantías judiciales, a la protección a la honra y dignidad y a la protección judicial, establecidos en los artículos 4, 5, 7, 8, 11 y 25 de la Convención Americana en relación con las obligaciones establecidas en el artículo 1.1 del mismo instrumento, así como los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura”, señala un comunicado de la CIDH.
En abril de 2024, el entonces procurador general del Estado, César Siles, informó a Erbol que la madre del irlandés Dwyer, abatido en el operativo policial, solicitó una compensación de 3.137.942 euros, unos 3,7 millones de dólares.
En el caso de Mario Tadic, uno de los sobrevivientes del asalto, el monto de resarcimiento requerido asciende a 752.690 euros, unos 892.840 dólares.
En ese entonces, Siles calificó los dos pedidos como “no razonables” y señaló que el Gobierno buscaba un acercamientos con los demandantes para llegar a un acuerdo.
En su Informe de Fondo 394/21, la CIDH destacó la falta de investigación y esclarecimiento sobre la muerte de Michael Dwyer y atribuyó al Estado la responsabilidad por su muerte.
Además, concluyó que los actos cometidos contra Tadic, Tóásó, Guedes y Mendoza constituyeron tortura y violaron su derecho a la integridad personal.
La CIDH también subrayó que sus detenciones fueron ilegales y arbitrarias, ya que no se les informó de las razones ni se les presentó ante una autoridad judicial de manera oportuna.
Proceso
Adicionalmente, señaló que en el proceso penal por terrorismo contra las víctimas se violaron sus garantías judiciales. Las víctimas fueron trasladadas ante un juez en La Paz sin justificación legal y permanecieron en detención preventiva durante períodos excesivos. Tadic y Tóásó estuvieron detenidos casi 6 años, mientras que Guedes y Mendoza por más de 10 años.
Según Guedes, durante la gestión del expresidente Luis Arce, el Gobierno solicitó una ampliación de plazo para cumplir con esas disposiciones y evitar un juicio internacional, cuyo inicio dependerá de la decisión que asuma el Estado tras el vencimiento del término, reportó Correo del Sur.
Recomendaciones
Estas son las medidas que la Comisión recomendó a Bolivia:
1-Reparar las violaciones de derechos humanos mediante compensación económica y medidas de satisfacción para reparar tanto el daño material como inmaterial.
2- Implementar medidas de atención en salud física y mental para la rehabilitación de las víctimas.
3-Realizar una investigación penal diligente y efectiva dentro de un plazo razonable para esclarecer los hechos, identificar responsabilidades y aplicar las sanciones correspondientes, de forma cumpla con los estándares de debida diligencia y el Protocolo de Estambul en casos de tortura.
4- Adoptar medidas para prevenir futuros incidentes similares, a través de la implementación de programas permanentes de formación en derechos humanos dirigidos a la Policía, el Ministerio Público y la Judicatura.
