CIDH expresa preocupación por la escalada de la conflictividad social y sus impactos en derechos humanos en Bolivia
Dentro del análisis expuesto, menciona las muertes que se han dado en estos días de conflictos, los detenidos por desmanes o deterioro de bienes públicos, así como también agresiones a periodistas que estaban cubriendo las movilizaciones, entre otros hechos identificados por la CIDH
A través de una publicación, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por la escalada de la conflictividad social en Bolivia en el contexto de las protestas que se desarrollan desde inicios de mayo de 2026 y ha derivado a un serie de vulneraciones a los derechos de las personas.
“Teniendo en cuenta las serias afectaciones a los derechos humanos y el alto impacto humanitario derivados de las protestas y bloqueos de carreteras, se hace un llamado al Estado y a todos los sectores sociales involucrados a priorizar el diálogo como vía para atender las demandas sociales y garantizar el ejercicio legítimo del derecho a la movilización en una sociedad democrática”, expresa el documento.
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Asimismo, menciona que “las protestas se desarrollan en un contexto de profunda crisis económica, polarización política, percepciones de debilitamiento de confianza entre sectores indígenas y campesinos y el Gobierno; así como de racismo estructural y sistémico. Sindicatos, sectores mineros, educativos, pueblos indígenas y organizaciones campesinas articulan demandas vinculadas al empleo, abastecimiento de alimentos, acceso a combustibles y estabilidad económica, junto con exigencias de revisión o derogación de medidas económicas y pedidos de renuncia del presidente Rodrigo Paz”.
Añade que las protestas se agravaron tras la eliminación de subsidios mediante el Decreto Supremo 5503 y la aprobación de la Ley 1720, ambos derogados posteriormente en el contexto de las manifestaciones.
“De conformidad con lo informado por el Estado, los bloqueos en La Paz y El Alto han dejado incomunicada a la sede de Gobierno con los otros departamentos y los países vecinos. El Estado ha adoptado despliegues operativos de las fuerzas del orden que incluyeron el llamado “Corredor Humanitario de las Banderas Blancas”, para el abastecimiento de insumos”, revela el comunicado.
Consecuencias de las movilizaciones
Ante esta situación, manifiestan que los bloqueos han provocado graves afectaciones al abastecimiento de combustibles, alimentos, oxígeno medicinal, medicamentos y otros servicios esenciales, sobre todo en La Paz y El Alto.
“Al menos siete personas fallecieron en este contexto, según la Defensoría del Pueblo, entre ellas, cuatro por falta de atención médica oportuna, uno por arma de fuego en el contexto del mencionado operativo estatal de desbloqueo en el municipio de Calamarca que, según el Estado, se realizó sin armamento bélico; y dos personas movilizadas, cuyas circunstancias de fallecimiento continúan pendientes de esclarecimiento” expresa la CIDH
De igual forma indica que se han reportado al menos 23 personas heridos de gravedad. 321 personas fueron arrestadas, de las cuales 89 enfrentan procesos penales y 12 permanecen con detención preventiva.
A esto añade, que personas que trabajan en la prensa han sido hostigadas durante su cobertura periodística, donde al menos se han registrado 15 agresiones contra ellos.
También menciona sobre los desmanes y afectaciones a los bienes públicos y privados en el Teleférico de La Paz y El Alto, así como al Tribunal Departamental de Justicia y Derechos Reales, entre otros, que derivó en la apertura de 29 procesos penales.
“La CIDH reafirma que la protesta social constituye una expresión legítima de los derechos de reunión pacífica, libertad de expresión y participación en los asuntos públicos, especialmente en contextos de conflictividad social. Las manifestaciones, entre ellas aquellas de carácter espontáneo, deben presumirse pacíficas, y las personas participantes tienen derecho a definir el contenido, la forma y el lugar de sus expresiones colectivas”, expresa el aviso.
Ante esta situación, piden al Estado respetar, proteger, facilitar y garantizar su ejercicio, recordando que actos aislados de violencia no deslegitiman una protesta en su conjunto.
“La CIDH reconoce que los bloqueos de vías prolongados pueden generar afectaciones graves al ejercicio de otros derechos, particularmente cuando impiden el acceso a servicios de salud, el abastecimiento de alimentos o la circulación de insumos esenciales. Cuando esto ocurre, se acentúa el deber del Estado de facilitar todos los mecanismos de diálogo posibles y la coexistencia de todos los derechos en tensión, teniendo el uso de la fuerza como último recurso”, señala la publicación.
Finalmente, la Comisión reafirma su disposición de acompañar al Estado boliviano y a los distintos actores sociales mediante sus mecanismos de monitoreo y cooperación técnica, con el objetivo de avanzar con la cohesión social y contribuir a la desescalada de tensiones, a la protección de los derechos humanos y a la reducción de la conflictividad social en el país.
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