Diputada presenta acción de cumplimiento para que Diputados trate proyecto para derogar disposición de decomisos
La demanda fue ingresada ante la Sala Constitucional Tercera del Tribunal de Justicia de Santa Cruz, luego de no haber respuesta por parte de la Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados
Ante la emergencia multisectorial por la disposición adicional séptima de la Ley Financial, la diputada María René Álvarez (Creemos) presentó un recurso para que en las respectivas instancias de la Cámara de Diputados se pueda tratar el proyecto de ley 163/2024-2025 que deroga tal apartado de la norma.
El recurso presentado este martes apunta a los diputados Andrés Flores, presidente de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas, y a Omar Yujra, presidente de la Cámara de Diputados, para que esa instancia legislativa pueda tratar de inmediato el proyecto de ley.
La demanda fue ingresada ante la Sala Constitucional Tercera del Tribunal departamental de Justicia de Santa Cruz, luego de no recibir respuesta alguna de la referida Comisión de Diputados donde el proyecto ley aprobado por el Senado el pasado 5 de febrero, se encuentra estancado.
El recurso presentado se da en medio de las movilizaciones que impulsa el Comité multisectorial de la cadena productiva, desde donde también se espera la derogación de esta disposición que consideran atentatoria con la iniciativa privada y la seguridad jurídica.
Desde el Comité multisectorial denuncian que esta disposición fue incluida en el Presupuesto General del Estado (PGE), pese al rechazo que se dio antes que entrara en vigencia sin pasar por el respectivo filtro de la Asamblea Legislativa.
“El país se encuentra en un estado de tensión provocado por el Gobierno. La disposición séptima o disposición confiscatoria entró en el PGE sin ningún consenso ni debate con el sector productivo, es una imposición que solo busca destruir el aparato productivo, la propiedad privada, el libre comercio y el patrimonio comercial de miles de bolivianos”, expuso Álvarez.
Recordó que la confiscación de productos se puede repetir con la disposición vigente, tal como pasó en diciembre con un operativo contra cinco ingenios arroceros en Montero a los cuales se les acusó de “ocultar” su producción y se decomisó el arroz para luego ser entregado a la estatal Empresa de Producción de Alimentos (Emapa).
“Ese es el modelo de este gobierno comunista, socialista y estatista. Quiere ver a la gente sometida, al emprendedor arrodillado y al comerciante gremial cada vez más dependiente de Estado”, manifestó la diputada.
