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El ministro de Justicia anuncia un juicio por prevaricato contra jueza que falló a favor de la sesión presidida por Andrónico

El fin de semana se conoció que el juzgado de Sentencia Penal de Cochabamba, otorgó al presidente de la Asamblea, David Choquehuanca un plazo de 72 horas para que cumpla con lo dispuesto en la sesión del 6 de junio.

Publicación: 25/06/2024 21:02
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[Foto: APG] / El ministro de Justicia, Iván Lima

El ministro de Justicia, Iván Lima, anunció este martes que iniciará un proceso penal por el delito de prevaricato contra la jueza que emitió un fallo a favor de la sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) presidida por Andrónico Rodríguez.

“Vamos a presentar un juicio por prevaricato como Ministerio de Justicia. Es una actividad irregular, hubo falsificación de documentos en ese juzgado y fue sin notificar a nadie y estos es un acto irregular”, señaló Lima, a tiempo de expresar su molestia por la polémica sesión de la ALP.

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Bajo una acción de libertad, la jueza de Sentencia Penal de Cochabamba, Silvia Zurita, dictó un plazo de 72 horas al presidente de la ALP, David Choquehuanca, para dar cumplimiento con lo dispuesto en la sesión presidida por Andrónico, donde se aprobaron un paquete de normas.

El ministro dijo que la sesión ordinaria del 6 de junio fue declarada nula por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) luego de que Choquehuanca solicitó a esta instancia judicial emitir un pronunciamiento.

“Agradeceré emita un pronunciamiento jurisdiccional que permita tener certeza jurídica sobre la validez de estos actos legislativos para que se imprima la gestión que corresponda o, en su defecto, disponga se devuelvan esas notificaciones”, señala la carta firmada por Choquehuanca.

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En dicha sesión, el bloque evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) y con el apoyo del bloque opositor aprobaron un paquete de normas donde está contemplado cesar de sus funciones a los magistrados ‘autoprorrogados’. Además, se aprobó un crédito para la construcción de la doble vía Confital- Bombeo, una resolución para la continuidad de las judiciales y el decreto presidencial para el indulto y la amnistía de internos que permanecen encarcelados.