El procurador dice que de aprobarse ley para cesar a magistrados, corresponde declararla inconstitucional
La Cámara de Diputados tiene pendiente el proyecto de ley para cesar a magistrados y otro sobre la suspensión de plazos procesales. Ambas iniciativas legislativas debían abordarse el jueves; sin embargo, no hubo consenso con el orden del día
Mientras entre oficialismo y oposición se debate cuándo debe tratarse la ley de cesación de funciones a magistrados, este viernes el procurador del Estado, César Siles, señaló que, en caso de aprobarse este proyecto de ley, impulsado por ‘evistas’ y la oposición, este “tendría que declararse inconstitucional”.
“No entiendo que se llegue a aprobar, pero si llegaría a aprobarse, bueno, corresponderá seguramente una declaratoria de inconstitucionalidad sobre ese proyecto”, manifestó Siles, en contacto con los medios en La Paz.
Entre enero y febrero de este año, ‘evistas’ acataron un paro de 16 días para exigir que se apruebe la ley de elecciones judiciales. La protesta concluyó tras la aprobación de esa normativa y después de un acuerdo entre las dos alas del Movimiento Al Socialismo (MAS) y Comunidad Ciudadana (CC) para que se apruebe esta norma y otros proyectos para cesar de sus funciones a los magistrados que se autoprorrogaron. Sin embargo, estas últimas normas no fueron ni debatidas hasta este viernes.
Siles confirmó que fue notificado por la Cámara de Senadores de una resolución en la que piden a la Procuraduría pronunciarse sobre la prórroga de magistrados del Órgano Judicial, que se ha determinado en la declaración Constitucional 49-2023. Agregó que la Cámara de Senadores también le piden que realicen las acciones correspondientes en “posición de garantes”.
Agregó que derivó la solicitud a dos subprocuradurías para que emitan un informe y este sea derivado a la Cámara de Diputados. “Puedo adelantar, que el criterio del suscrito procurador es que la Asamblea Legislativa Plurinacional no tiene la facultad de exhortar al cumplimiento de funciones de otras instituciones, más aún de la Procuraduría”, dijo.
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Además, indicó que la declaración del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) es una decisión vinculante y obligatoria para todos los servidores públicos e incluso para particulares. “Lo cierto es que el fallo del TCP no puede ser modificado más que con otro fallo del propio tribunal constitucional”, sostuvo.
