Juez ordena la restitución en el cargo de Sandra Gutiérrez, la exfiscal que denunció presiones por el caso contra Evo

En criterio del juez Iván Córdoba Castillo, la destitución de Gutiérrez, firmada por el fiscal general interino Mauricio Nava, fue “un acto arbitrario”, por lo tanto, ordenó al fiscal Juan Lanchipa a restituir a la citada funcionaria como fiscal departamental de Tarija.

Publicación: Hace 3 horas
$output.data
$output.data
[Foto archivo UNITEL] / La exfiscal Sandra Gutiérrez.

Un juez de “garantías constitucionales” dispuso que la Fiscalía del Estado restituya en su cargo a Sandra Gutiérrez, la exfiscal de Tarija que fue destituida en el ínterin de la orden de aprehensión del líder del MAS, Evo Morales, por un caso de estupro y trata y tráfico.

En criterio del juez Iván Córdoba Castillo, la destitución de Gutiérrez, firmada por el fiscal general interino Mauricio Nava, fue “un acto arbitrario”, por lo tanto, ordenó al fiscal Juan Lanchipa a restituir a la citada funcionaria como fiscal departamental de Tarija.

MIRA AQUÍ: Exfiscal de Tarija denuncia presiones de Lanchipa para su destitución tras conocerse investigación contra Evo

“Lo que convierte el acto en arbitrario y al ser arbitrario, entonces, consecuente con el antecedente de la presión que se habría ejercido por parte del jefe de Recursos Humanos, se convierte en un acto que afecta la integridad personal de esta ciudadana, particularmente en lo que tiene que ver con su circunstancia o aspecto psicológico vinculados con el derecho a la vida”, indicó el vocal.

En su argumentación, la autoridad judicial indicó que “nadie desconoce las facultades que tiene la máxima autoridad jerárquica del Ministerio Público, el señor fiscal general doctor Juan Lanchipa Ponce o en su caso el señor fiscal general en suplencia legal, doctor Mauricio Nava”, pero “esta facultad debe ser ejercida en el marco de la normativa legal”.

MIRA AQUÍ: Fiscal Lanchipa niega que haya paralizado investigación contra Evo por denuncia de estupro y acusa a exfiscal Gutiérrez de “negligencia”

Gutiérrez fue destituida de la Fiscalía de Tarija en medio de la publicación de una orden de aprehensión contra Morales que luego fue anulada por un juez de una sala constitucional de Santa Cruz.

La exfuncionaria denunció que recibió presiones y señaló a Lanchipa de haber instruido que las pesquisas se detengan.

En una declaración de prensa, el fiscal general rechazó las denuncias y acusó a Gutiérrez de haber procedido con “negligencia”. Luego, la Fiscalía señaló que la exfiscal había “ocultado” la orden de aprehensión por desde el 26 de septiembre.

En medio del cruce de acusaciones, Gutiérrez dijo que tiene un audio que presuntamente prueba las presiones que dijo que recibió de Lanchipa.

El juez puntualizó que “no existe norma que diga ‘lo votan o más sin previo proceso al que no es de carrera, pero al que sí es de carrera si o si tiene que procesarlo disciplinariamente’, no existe y allá es donde encontramos el acto lesivo del derecho a la vida en su vertiente psicológica y en su subvertiente de integridad personal”.

“Estoy identificando plenamente el acto y el servidor responsable de ese acto. Por tanto, el suscrito juez de instrucción penal anti-corrupción y contra la violencia hacia las mujeres, 17 de la capital. Iván Córdoba Castillo, en aplicación del artículo 125 de la Constitución Política del Estado, cumpliendo funciones como juez de garantías constitucionales, dispone y determina conceder la tutela solicitada por parte única y exclusivamente de la señora Elizabeth Sandra Gutiérrez Salazar”, indicó.

“En consecuencia, deja sin efecto legal la resolución número FGE/AMNMC/DAL/193/2024, de fecha 2 de octubre del año 2024, concediendo la tutela solicitada única y exclusivamente al coaccionado, que responde al nombre de Mauricio Nava Morales, al ser él el suscriptor del documento considerado como quebrantador de derechos y garantías constitucionales”, añadió.

En ese marco, ordenó al “señor fiscal general del Estado titular, doctor Juan Lanchipa Ponce, en ejercicio de sus facultades y en el cumplimiento estricto de la ley, corregir este accionar, insisto, apegado a lo que la propia ley establece, la Ley Orgánica del Ministerio Público”.

“La presente decisión, como es deber y obligación, será remitida en el plazo de 24 horas ante el Tribunal Constitucional Plurinacional para la remisión de la decisión del suscrito servidor judicial”, señaló..