Ministro Lima: Derechos Reales recauda Bs 600 millones al año y es una “caja negra” sin control
Tras la abrogación de decreto 5143, el ministro señaló que la norma buscaba simplificar y modernizar trámites en Derechos Reales para luchar contra la extorsión y la corrupción
Después de que el presidente Luis Arce Catacora abrogó el Decreto Supremo 5143 sobre Derechos Reales, el ministro de Justicia, Iván Lima, sostuvo que esta instancia gubernamental recauda cerca de Bs 600 millones, recursos económicos que carecen de fiscalización.
“Buscábamos bancarizar el pago de los aranceles que ahora se pagan de manera directa en las cajas. En el tiempo de la pandemia (Covid-19) se han recaudado los mismos Bs 600 millones que se recaudan cada año”, sostuvo la autoridad, al remarcar que Derechos Reales “es una caja que no tiene control, que no tiene fiscalización”.
Desde el punto de vista de la autoridad, esta entidad estatal no logró ingresar a la bancarización que hay en todos los demás trámites del Estado, ya que con el decreto se buscaba uniformar los trámites, para que “malos funcionarios no se inventen requisitos” y así se den cobros irregulares.
“Buscábamos la simplificación y la modernización de los trámites que permitan además que no exista la extorsión del trámite. No es posible, no es admisible que algunas personas terminen su trámite en ocho horas, otros en ocho semanas y otros en ocho meses, que es el tiempo el promedio de duración de los trámites”, cuestionó la autoridad.
MIRA AQUÍ: Arce abroga decreto 5143 sobre Derechos Reales tras críticas y presión de varios sectores
Por su parte, el presidente Arce expresó que la creación de un nuevo sistema para el registro de Derechos Reales quiso ser utilizado para “convulsionar el país”, señalando que no se pretendía atentar contra la propiedad privada.
Sin embargo, diferentes sectores observaron y emitieron pronunciamientos en rechazo a la normativa que ya no está en vigencia desde este martes, tras una reunión del presidente con el Pacto de Unidad.
Lima señaló que actualmente existen 38 sistemas informáticos que no le dan seguridad al pueblo boliviano y, por ello, con el decreto supremo ahora abrogado, se buscaba la implementación de un sistema único.
MIRA AQUÍ: “La propiedad privada no podía caer en manos de los políticos”, señala el rector de la Uagrm
