Montaño dice que se dejó sin efecto su aprehensión en una acción de libertad y culpa a Evo por el caso Sabsa
Montaño consideró que el juez Marcelo Cortez Candia, del Juzgado Público Civil, Comercial, de Partido del Trabajo y Seguridad Social de Yapacaní, emitió una orden de aprehensión de forma “arbitraria”.
El ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Edgar Montaño, indicó el lunes que un juez de La Paz falló en su favor en una acción de libertad que dejó sin efecto la orden de aprehensión en su contra que dictó un juez de Yapacaní en el proceso impulsado por extrabajadores del extinto Servicio de Aeropuertos Bolivianos S. A. (Sabsa).
“La acción de libertad ha sido procedente para mi persona proque el mismo juez de Yapacaní, cuando el juez de La Paz le ha preguntado al juez Marcelo Cortez, dijo que el Ministerio de Obras Públicas y el ministro Edgar Montaño no son parte de este pleito que se ha originado en 2011”, señaló.
Montaño consideró que el juez Marcelo Cortez Candia, del Juzgado Público Civil, Comercial, de Partido del Trabajo y Seguridad Social de Yapacaní, emitió una orden de aprehensión de forma “arbitraria”.
En ese marco, apuntó al expresidente Evo Morales como responsable de este caso.
”No es un proceso laboral, ellos se han inventado la igualación salarial. Tiene que quedar muy claro, esta acción que hacen los extrabajadores de Sabsa corresponde a la gestión de Evo Morales, el 2011”, dijo.
“Hay que decir de manera clara que son problemas de la gestión de Evo”, añadió.
Juez
Montaño consideró que el juez Cortez Candia debe ser apartado del caso porque supuestamente actuó en su contra bajo “acciones políticas e ideológicas”.
“No es posible que sabiendo que Sabsa es una empresa privada estén tratando de involucrar al Estado”, reclamó.
“Voy a hacer todas las acciones correspondientes para que el juez sea sancionado”, anunció.
La orden de aprehensión fue emitida el 14 de abril tras un largo proceso que data de 2011 en el que unos 300 extrabajadores de Sabsa exigen el cumplimiento de sus derechos laborales y el pago de 55 millones de bolivianos.
