TCP: ‘Autoprorrogados’ vuelven a blindarse; magistrados electos no intervinieron en nueva declaración constitucional
En febrero de este año, el TCP emitió una Declaración Constitucional en la que declaran inconstitucional un proyecto de ley aprobado en el Senado para remover de sus cargos a magistrados ‘autoprorrogados’
Este viernes se conoció sobre la Declaración Constitucional 002/2025 que fue emitida en febrero de este año en respuesta a la queja que presentó el exmagistrado Ricardo Torres, porque a su criterio no se estaba cumpliendo la Declaración Constitucional 0049/2023 con la que los magistrados autoprorrogados dispusieron que solo iban a ser removidos de sus cargos, cuando haya autoridades electas.
El documento señala que la Sala Plena de Tribunal Constitucional dio curso a la queja por incumplimiento presentada por Torres. Además, declara inconstitucional la Ley de conformación y funcionamiento del TCP y del Tribunal Supremo de Justicia, que fue aprobada por el Senado en enero de este año.
A través de la misma declaratoria el TCP exhorta a la Asamblea Legislativa a “abstenerse de reproducir el contenido material declarado inconstitucional”.
Los magistrados elegidos en los comicios de diciembre no intervinieron en la nueva declaración constitucional.
Los cinco magistrados que se mantienen en sus cargos con su propio fallos son Gonzalo Hurtado (Beni), Yván Espada (Pando), Karem Gallardo (Cochabamba), Isidora Jiménez (Santa Cruz) y Julia Elizabeth Cornejo (Tarija), en cuyos departamentos no hubo votación para renovar sus cargos.
En la resolución “se hace constar que no intervienen los Magistrados MSc. Ángel Edson Dávalos Rojas, Boris Wilson Arias López, Ph.D. Paola Verónica Prudencio Candia y Dra. Amalia Laura Villca, por cuanto no emitieron criterio alguno al respecto (SIC)”.
Gestión
Los magistrados, ahora denominados autoprorrogados, debían dejar sus cargos en enero del 2024; sin embargo, emitieron la Declaración Constitucional 0049/2023 con la que decidieron continuar en sus cargos hasta que se realicen las elecciones judiciales, que se concretaron en diciembre de 2024.
Tras las elecciones judiciales, que fueron parciales por un fallo constitucional rubricado por los autoprorrogados , quedaban por renovar a siete magistrados, quienes emitieron el auto constitucional 113/2024 en el que especifica que iban a continuar en sus cargos “hasta que se preseleccione, elija y posesione a las nuevas autoridades judiciales y constitucionales, en aquellos departamentos en los que las convocatorias fueron declaradas desiertas”.
Este auto constitucional surgió ante la propuesta de legisladores de sacar de sus cargos a los ‘autoprorrogados’, pues señalaban que ya se realizaron las elecciones judiciales. Ese fue el primer ‘blindaje’ a sus cargos.
