Tras segunda anulación del proceso, hay incertidumbre en torno a las elecciones judiciales
Desde el Órgano Electoral proyectaban la celebración de los comicios para la segunda mitad de la presente gestión; sin embargo, la anulación del proceso de selección deja en el aire las labores
¿Alcanza el tiempo? Con una segunda anulación del proceso de elecciones judiciales, hay incertidumbre en torno a la realización del proceso para la presente gestión y más si se toma en cuenta que las labores del Órgano Electorial también apuntan a la redistribución de escaños parlamentarios, elecciones primarias y, posteriormente, elecciones presidenciales.
Faltando seis días de cumplirse el plazo para que la Asamblea Legislativa concluya la preselección de candidatos, la justicia determinó la anulación del proceso al dar luz verde a la acción popular que se ha presentado en el departamento de Pando por parte de la dirigente indígena y exdiputada masista Yeny Duri.
Anteriormente, a finales de julio de 2023, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) declaró inconstitucional el reglamento de convocatoria a la preselección de candidatos a las elecciones judiciales, donde se observaron los procedimientos de convocatoria por un recurso interpuesto por el diputado Leonardo Ayala (Creemos).
El titular de la bancada del masismo en la Cámara de Diputados, Jerges Mercado, sostuvo que los tiempos alcanzarán si es que hay voluntad política, advirtiendo que en caso de que no haya alguna figura o argumento legal que permita continuar con el proceso, las judiciales corren riesgo.
En días pasados, el presidente de la Comisión mixta de Constitución de la Cámara de Diputado, Juan José Jáuregui, también había expresado su preocupación por la naturaleza y el enfoque de la acción popular, pero fundamentalmente por el resultado que podría tener, ya significa que puede paralizar de “forma definitiva” el proceso de preselección.
Según el cronograma, la Asamblea Legislativa tiene hasta el 5 de mayo para entregar la lista de candidatos a las judiciales para que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) se encargue del proceso eleccionario, el cual está previsto de manera preliminar para el mes de septiembre, en el mejor de los escenarios, de acuerdo con el reporte de este órgano estatal.
Desde la oposición, el líder de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, manifestó que está en marcha un plan para impedir que se cumpla con la Constitución Política del Estado (CPE), advirtiendo que se quiere gestar un golpe por parte del Gobierno y los magistrados autoprorrogados del Órgano Judicial.
“El plan de (Luis) Arce de impedir el cumplimiento de la CPE y gobernar con la complicidad de los autoprorrogados está en marcha. Tamaña violación a los derechos de todos los bolivianos es un nuevo golpe dictatorial con el órgano judicial como martillo”, sostuvo Mesa a través de sus redes sociales.
De acuerdo con la ley, se tiene hasta el 5 de mayo, al cumplimiento de los 180 días como establece la ley, para que la Asamblea pueda remitir la lista de preseleccionados, para que de esta manera el TSE defina el calendario y las fechas para la realización de la elección con rango de 150 días que la norma le otorga; sin embargo, el tema queda en el aire.
Mientras que la Comisión de Constitución declaró un cuarto intermedio a sus labores a la espera de ser notificados con el fallo judicial que anula el proceso y así poder analizar esta situación y emitir un informe al pleno del Legislativo para analizar las acciones a seguir.
