Tribunal niega el pedido de asambleístas del MAS para que audiencia de Camacho sea virtual, según abogado del gobernador
Asambleístas del MAS habían interpuesto un recurso con el que buscaban frenar el traslado a Santa Cruz de Luis Fernando Camacho para su audiencia el 11 de marzo
Tribunal de Sentencia No. 8 de Santa Cruz negó la solicitud de audiencia virtual para el gobernador Luis Fernando Camacho que fue solicitada por asambleístas del Movimiento Al Socialismo (MAS-IPSP) que buscaban frenar el traslado de la autoridad a Santa Cruz para esté presente en la audiencia de juicio oral por el caso del ‘Decreto 373’ que está fijada para el 11 de marzo.
Así lo confirmó Martín Camacho, abogado del gobernador cruceño, en un contacto con UNITEL al final de la tarde de este martes, en un contexto en el que falta menos de una semana para la audiencia.
“La audiencia en el caso ‘Decretazo’ será presencial. El Tribunal negó la petición de audiencia virtual realizada por asambleístas del MAS-IPSP. La ley esta para ser cumplida no para ser usada a capricho del presidente o de un ministro. El gobernador tiene que venir a Santa Cruz”, manifestó el abogado.
Esta solicitud fue interpuesta por el asambleísta masista Clemente Ramos y el Tribunal respondió que se apega al artículo 115 de la Constitución Política del Estado, en el que se refleja que “toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos”, en referencia al derecho de estar presente en audiencia.
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Además, en la Ley se establece que “el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”.
A esto se suma que el asambleísta masista advertía que el traslado de Camacho a Santa Cruz podría generar un peligro para la salud de la autoridad ante la aparición de nuevos casos de covid-19; no obstante, el Tribunal le recordó que “a partir del 31 de julio de 2023 se levanta la declaratoria de emergencia sanitaria nacional” contra esta enfermedad.
Además, se reseña que los juicios orales se vienen desarrollando de manera presencial bajo los principios establecidos en el Código de Procedimiento Penal, en donde se refleja que todo juicio “se realizará sobre la base de la acusación; en forma contradictoria, oral, pública y continua, para la comprobación del delito y la responsabilidad del imputado, con plenitud de jurisdicción”.
Del mismo modo, el Tribunal refleja que se remite al artículo 117 de la CPE: “Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso”.
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Más temprano, el abogado Martín Camacho señaló que este miércoles se presentará un informe de Inteligencia “con información negativa” con miras a frenar el traslado de su defendido, por lo que es otra figura que está latente y que fue también anunciada por el Ministerio de Gobierno.
“Han pasado 26 días en los que el ministro Eduardo del Castillo ha hablado de entregar informes de Inteligencia (...) que se planean entregar recién entre el día de mañana y el día jueves al Tribunal Octavo de Sentencia impidiendo por lo tanto primero que el mismo tome una decisión a tiempo”, advirtió la autoridad, acotando que esto puede generar que el jucio se suspenda.
Para el abogado, hay una orden política que viene de parte del presidente Luis Arce para que los informes sean negativos y que estos no se pueden realizar sobre especulaciones o asuntos que no han sucedido o que podrían ocurrir durante el traslado de la autoridad.
El ministro Del Castillo advirtió que puede haber riesgo de fuga o que se genere un escenario de violencia en Santa Cruz si es que el gobernador arriba a la región.
Desde el punto de vista procedimental, el abogado constitucionalista José Luis Santistevan remarcó que corresponde que el Gobierno traslade a Camacho a Santa Cruz, y si tiene problemas con la seguridad del gobernador o la estabilidad política debe utilizar todo lo que está a su alcance con el uso de la fuerza pública para garantizar el orden interno.
