Caso FMI: Declarado rebelde, el expresidente del BCB Guillermo Aponte fue sentenciado a cinco años de cárcel
En tanto, Carlos Schlinck Ruiz, Luis Armando Pinell Siles, Roger Alejandro Banegas Rivero, José Gabriel Espinoza Yáñez y Erwin Walter Morales Carrasco fueron absueltos de responsabilidad penal, precisa el boletín.
Además del exministro de Economía José Luis Parada, el expresidente del Banco Central de Bolivia (BCB) Guillermo Aponte fue sentenciado a cinco años de cárcel por el caso de la “gestión irregular” del crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2020, “sin la autorización” de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Así lo informó la Procuraduría General del Estado en un boletín en el que además se precisa que la sentencia fue dictada por el Tribunal de Sentencia Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer 6º de La Paz el martes.
El procurador general del Estado, Ricardo Condori, informó Parada Rivero fue sentenciado a una pena de ocho años de cárcel.
“El proceso penal fue impulsado por el Ministerio Público a instancias del Banco Central de Bolivia (BCB), el Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción y la Procuraduría General del Estado, logrando que el juez dicte sentencia por la aprobación irregular de créditos, durante la gestión de Jeanine Añez”, sostuvo el Procurador.
De acuerdo con la sentencia, los acusados fueron procesados por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta económica antieconómica.
En el fallo también se declaró rebelde a Walter Erik Guzmán Tordoya, quien fue sentenciado a 1 año de reclusión.
Libres de culpa
En tanto, Carlos Schlinck Ruiz, Luis Armando Pinell Siles, Roger Alejandro Banegas Rivero, José Gabriel Espinoza Yáñez y Erwin Walter Morales Carrasco fueron absueltos de responsabilidad penal, precisa el boletín.
El caso
Según la acusación, el 10 de abril de 2020, Parada y Aponte firmaron la carta de intención MEFP/DM/JG-0683/2020 para solicitar al FMI el Instrumento de Financiamiento Rápido (IFR) equivalente a 240,1 millones de DEG, aproximadamente 24 millones de dólares estadounidenses, para atender la emergencia fiscal y sanitaria por la pandemia del COVID-19.
Posteriormente, el 20 de abril de ese mismo año, se suscribió un memorando de entendimiento y un convenio interinstitucional entre el Ministerio de Economía y el BCB para viabilizar el crédito, sin el aval de la Asamblea Legislativa, contraviniendo el marco legal vigente, informó la Procuraduría.
La Procuraduría destacó que este resultado representa un “precedente inédito y favorable” en la defensa de los intereses del país.
“Esta sentencia reafirma nuestro compromiso incansable en la protección de la soberanía y el patrimonio del Estado boliviano”, señaló Condori Tola.
Se espera el pronunciamiento de los acusados y sus abogados.
