Defensoría pide investigar grupos de choque y el uso de armas de fuego y explosivos en operativo de San Julián
Un total de 33 personas heridas entre civiles y policías es el saldo de los enfrentamientos, según el reporte de la Defensoría del Pueblo
A través de un pronunciamiento, la Defensoría del Pueblo expresó su preocupación ante los hechos de violencia ocurridos durante el operativo que buscaba desbloquear la ruta Santa Cruz - Beni en el municipio cruceño de San Julián y que dejó un total de 33 personas heridas, entre civiles y policías.
En el detalle dicen que entre los civiles lesionados, 24 presentaban “heridas leves y moderadas”, por lo que fueron dadas de alta, y dos fueron internadas en centros de salud “para ser intervenidas quirúrgicamente, una por herida de bala”.
Sobre los siete efectivos policiales, “cuatro fueron atendidos por heridas de armas de fuego, uno de ellos (herido en la cabeza) permanece en terapia intensiva”.
La institución recuerda que el derecho internacional no protege el ejercicio del derecho a la protesta, cuando se evidencian actos de violencia extrema e indica que se habría evidenciado la presencia de “actores paraestatales y grupos de choque”, además del uso de armas de fuego por lo que pide una investigación al Ministerio Público.
Recuerda que toda actuación del Estado en contextos de conflictividad social debe regirse por los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza, garantizando en todo momento la protección de la vida y la integridad personal.
“Durante el operativo se habría evidenciado la presencia de actores paraestatales y grupos de choque, además del uso de armas de fuego y explosivos, situación que debe ser objeto de investigación objetiva y transparente por el Ministerio Público, a fin de establecer responsabilidades individuales”, dice parte del comunicado.
Al respecto, en línea con las recomendaciones de la CIDH y del Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia), la Defensoría del Pueblo recuerda que es fundamental que “el Estado no estimule estas conductas y actúe para prevenir la organización de grupos que se autoproclaman como fuerzas de seguridad”.
“La constitución de grupos paraestatales y de choque en contextos de crisis no solo es ilegal sino altamente riesgosa”, puntualizó.
En ese contexto, hace un llamado e insta a los actores involucrados a evitar la escalada de la violencia, priorizar resoluciones pacíficas y garantizar la protección de la población civil.
