Fiscalía realizó operativos en oficinas de YPFB en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Oruro
La Fiscalía señala que estos casos reflejan indicios de delitos como incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, sabotaje, negociaciones incompatibles, uso indebido de influencias y cohecho
La Fiscalía y la Policía llevaron adelante, este lunes, al menos cinco intervenciones en oficinas de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en investigaciones diferentes por presuntos hechos de corrupción. Desde la estatal petrolera informaron que funcionarios que estén involucrados, serán trasladados a otras dependencias.
La fiscal superior anticorrupción, Mirtha Mejía, confirmó que los operativos se realizaron en los departamentos de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Oruro ante la detección de presuntas irregularidades en procesos internos, manejo de combustible y contrataciones públicas, señala un boletín del Ministerio Público.
LA PAZ
En el departamento de La Paz, la Fiscalía Anticorrupción llevó adelante un registro en la planta de YPFB en Senkata, donde se evidenció indicios de un manejo irregular de carburantes, específicamente el despacho de 14 cisternas con diésel que no correspondía a los parámetros técnicos establecidos.
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En este caso, ocho funcionarios fueron aprehendidos y se amplió la intervención a YPFB Logística y YPFB Comercial para la colecta de documentación y verificación de procedimientos.
En el departamento paceño se registró una segunda intervención por el caso Botrading. El fiscal Omar Yujra, lideró este operativo que se realizó en las oficinas de la estatal petrolera en El Prado.
“Vamos a hacer el registro para ver a qué ambientes o direcciones vamos a ingresar. YPFB es una entidad que ha sido cuestionada”, dijo brevemente el fiscal Omar Yujra a los medios presentes y añadió que es por el caso Botrading.
COCHABAMBA
En Cochabamba, la Fiscalía ejecutó un registro en oficinas de YPFB, YPFB Redes y YPFB Comercial dentro de una investigación denominada “Servicio de Catering”, donde se presume la comisión de delitos de corrupción vinculados a un proceso de contratación de servicios de alimentación del año 2021.
La denuncia señala que un servidor público habría recibido depósitos provenientes de la empresa adjudicada y de terceros, además de presentar un incremento patrimonial injustificado.
Durante el operativo se secuestró documentación relevante y se notificó a testigos, además de solicitarse reserva de actuaciones por diez días para desarrollar actos investigativos urgentes.
SANTA CRUZ
La Fiscalía Departamental de Santa Cruz informó que continúa desarrollando actuaciones dentro del proceso registrado por el ilícito de incumplimiento de contratos, relacionado con presuntas irregularidades en áreas operativas y administrativas de YPFB – Santa Cruz.
Se realizó el registro del lugar que permitió obtener información consistente el documentación específica, el secuestro de artefactos digitales, además se tiene a seis personas en calidad de arrestadas con fines investigativos.
ORURO
La Fiscalía Especializada en Anticorrupción del Departamento de Oruro, también allanó las oficinas regionales de YPFB ante denuncias de presuntas irregularidades en el proyecto de ampliación de almacenaje de combustibles, ejecutado por una empresa venezolana, donde se identificó que la primera fase tenía un costo estimado de 144.244.000 bolivianos, pero la cancelación registrada superaría los 305.168.695 bolivianos, duplicando el monto inicial.
Durante el operativo se secuestró documentación y se precintó la oficina de Asesoría Legal para profundizar la investigación. El Ministerio Público informó que el caso se encuentra en etapa inicial y continuará realizando actos investigativos para esclarecer un posible daño económico al Estado.
SEIS PRESUNTOS DELITOS
La Fiscalía señala que estos casos reflejan indicios de delitos como incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, sabotaje, negociaciones incompatibles, uso indebido de influencias y cohecho, por lo que las comisiones de fiscales continúan con actuaciones destinadas a establecer responsabilidades penales y proteger los intereses del Estado.
“Las investigaciones se encuentran en etapa preparatoria y se prevé ampliar las diligencias en las siguientes horas”, señala el Ministerio Público en su boletín informativo.
