Presidente del TSJ presenta denuncia penal contra “magistrados autoprorrogados” del TCP
Romer Saucedo formalizó su denuncia ante la Fiscalía, advirtiendo que cinco vocales prorrogados del TCP incurrieron en dos delitos. También pidió que se active alerta migratoria para ellos
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía contra cinco magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), quienes vienen siendo observados por haber prorrogado su mandato.
La denuncia incluye un pedido expreso para que se active una alerta migratoria contra los denunciados: Gonzalo Miguel Hurtado, René Yván Espada, Karem Lorena Gallardo, Isidora Jiménez Castro y Julia Elizabeth Cornejo, todos actualmente magistrados del TCP.
En la denuncia, Saucedo sostiene que las funciones de estos magistrados concluyeron legalmente el 31 de diciembre de 2023, pero al haber emitido el Auto Constitucional 49/2023 y continuar en funciones de manera ilegítima e ilegal, han adecuado su conducta a los tipos penales previstos en los artículos 153 y 163 del Código Penal.
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¿Cuáles son estos tipos penales?
Según el artículo 153, sobre resoluciones contrarias a la Constitución, los magistrados denunciados habrían dictado disposiciones “arbitrarias y manifiestamente contrarias a disposiciones expresas y taxativas de la Constitución Política del Estado”, afectando los intereses del Estado y vulnerando el orden constitucional.
Sobre la usurpación de funciones, tipificada en el artículo 163 del Código Penal, la denuncia indica que los magistrados continúan ejerciendo un cargo para el cual ya no tienen mandato, de acuerdo con la denuncia del titular del TSJ.
En el documento presentado, se exige que el Ministerio Público investigue la emisión del Auto Constitucional 49/2023, ya que “impidió el cambio de autoridades judiciales conforme a lo establecido en la Constitución Política del Estado”, resaltando también que el mandato de los vocales dura seis años.
Además de la denuncia penal, el pedido de Saucedo también incluye el pedido de activación de la alerta migratoria contra los denunciados.
En una declaración previa, Saucedo fue enfático: “Hay dos caminos: renuncian inmediatamente a sus cargos porque no gozan de legalidad y legitimidad o esperan ser expulsados como usurpadores de la Constitución y las leyes. ¡Bolivia debe recuperar la institucionalidad!”
