Concejal denuncia que fallo del TCP establece que “si corresponde, se emita lineamientos técnicos de urbanización” a favor de un privado en el Cordón Ecológico
El concejal de Santa Cruz de la Sierra, Federico Morón denunció que un fallo del TCP establece que la Alcaldía emita, si corresponde, los “lineamientos técnicos de urbanización para la aprobación de la solicitud de urbanización del hoy accionante de tutela” en un plazo de 60 días


El concejal de Santa Cruz de la Sierra, Federico Morón, señaló que un fallo emitido por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) favorece a un privado que tiene alrededor de cinco hectáreas en la zona del Cordón Ecológico, un área de protección, para urbanizar.
Detalló que el privado favorecido alega que tiene derecho propietario en 100 hectáreas de la zona, de las cuales sobre cinco logró un fallo a su favor.
De acuerdo a Morón, la Sala Constitucional Primera falló “que se deje sin efecto la Resolución Administrativa N 29/ 2023, del 23 de junio del 2023, disponiendo en consecuencia que la autoridad hoy accionada emite una nueva resolución administrativa, estableciendo los derechos y garantías constitucionales del derecho a la propiedad privada, también haciendo un test de razonabilidad y proporcionalidad. En consecuencia, se dispone la inaplicabilidad en el caso correcto de la Ley Municipal 1434/2021 y la resolución 114/2021del 12 de octubre del 2021. En efecto, la autoridad accionada en el marco a los informes correspondientes, dentro del plazo de 60 días, si corresponde, emita los lineamientos técnicos de urbanización para la aprobación de la solicitud de urbanización del hoy accionante de tutela”.
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Ante ello, Morón denunció a UNITEL que “la Sala Constitucional, en una evidente extralimitación de sus competencias, resolvió a través de un amparo lo que corresponde a un control abstracto de constitucionalidad, disponiendo una medida absurda: que en 60 días la Secretaría Municipal de Planificación (Semplad) establezca lineamientos técnicos para la urbanización del terreno, y en caso de incumplimiento, el Ejecutivo Municipal proceda a expropiar, violando principios fundamentales del derecho urbanístico y de la seguridad jurídica”.
En esta línea, remarcó que este fallo, que se emitió a finales del 2024, fija jurisprudencia para que, mediante amparos constitucionales, se pueda seguir vulnerando el Cordón Ecológico.
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Remarcó que en el Cordón Ecológico hay 86 personas que alegan que tienen derecho propietario
“Estas acciones ponen en evidencia una preocupante instrumentalización de la justicia para beneficiar intereses privados, a costa del orden normativo y del bienestar común. De continuar esta tendencia, se consolidará un peligroso precedente que socava la seguridad jurídica y debilita la institucionalidad democrática en nuestra ciudad”, advirtió.