Marcha Indígena llega a San Ignacio de Velasco e instala una vigilia en la plaza principal a la espera de atención de las autoridades
La primera Marcha Indígena por la Vida y el Territorio se extendió por 10 días exigiendo a las autoridades el desalojo de asentamientos ilegales y la protección del territorio ancestral del Alto y Bajo Paraguá
La Marcha Indígena por la Vida y el Territorio, que fue impulsada por los pueblos de tierras bajas, llegó al final de la tarde de este miércoles a la plaza principal del municipio cruceño de San Ignacio de Velasco, siendo recibida por los vecinos y vecinas que respaldaron la movilización que no concluyó, sino que mantendrá una vigilia permanente, según las disposiciones que se dieron en el cabildo que se dio en la plaza principal.
Fueron 10 días de caminata, en donde los movilizados exigieron el respeto por la tierra y el territorio indígena del Alto y Bajo Paraguá, advirtiendo que está siendo destruido por los incendios forestales y la toma ilegal de tierras
Los comunarios de tierras bajas plantearon un pliego con solicitudes para que el Estado pueda cumplir con el desalojo de asentamientos ilegales; la abrogación de leyes que “facilitan” los incendios forestales; un inventario y evaluación post incendio; la construcción de pozos, según el pliego petitorio.
Del mismo modo, en este pliego se pide la protección y conservación de los recursos hídricos; así como la protección del territorio ancestral del Alto y Bajo Paraguá. El documento será entregado este jueves a las autoridades ignacianas y se esperará el cumplimiento en la plaza principal del municipio.
Entretanto, la diputada María René Álvarez remitió una nota a la Defensoría del Pueblo a fin de que se aplique la tutela concedida a una acción popular destinada a proteger los derechos de los pueblos indígenas, como una forma de respaldo a esta protesta.
“Solicito que en el ejercicio de sus funciones, el defensor del Pueblo apoye activamente a estos pueblos indígenas y aplique sus buenos oficios para evitar más vulneraciones a los derechos de las comunidades de tierras bajas, que se ven despojadas de sus territorios y medios de subsistencia debido a las acciones irresponsables de terceros, así como la falta de control estatal efectivo”, señala la nota dirigida a Pedro Callisaya.
El pasado 1 de octubre, la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz determinó conceder la tutela planteada por el defensor del Pueblo en la Acción Popular por los incendios forestales.
“De esta manera, la justicia dispone el resguardo y restitución de los derechos de la Madre Tierra, biodiversidad y de los pueblos indígenas”, cita la institución.
