Viacha: Recicladoras de minerales dicen que no contaminan, pero admiten que usan cianuro y exigen anulación de ley
Los operadores denunciaron que son víctimas de extorsiones de parte de algunos dirigentes de los comunarios. Aseguran que hacen obras para beneficio de la comunidad
Los comunarios de Viacha suspendieron el cabildo que habían anunciado para este viernes. Sin embargo, ahora fue el turno de las empresas recicladoras de minerales, señaladas de contaminar la región, que se movilizaron en La Paz para denunciar extorsiones y riesgo en las fuentes de empleo.
En ese marco, exigieron la anulación de la ley aprobada a principios de semana a pedido de los comunarios, con la cual se frenan sus operaciones.
Sin embargo, admiten que hay operadores ilegales y que trabajan con cianuro, pero aseguran que no contaminan. En ese marco, denunciaron que son víctimas de extorsiones.
El abogado del sector, Jorge Nina, señaló que urge un estudio que permita conocer si hay contaminación en la región.
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“Siempre hemos contribuido con la comunidad”, afirmó Javier Mayta, uno de los representantes de las empresas recicladoras, quien denunció que “desde 2024, cuando entra la gestión del Renán P. y algunos dirigentes hemos sufrido extorsiones para tramitar nuestros manifiestos ambientales”.
“Don Renán nos pide 20.000 y 30.000 dólares, los aportes que teníamos se 2.000 bolivianos ya nos ha puesto a 20.000 bolivianos; ahora, hay empresas que estaban ingresando y han pedido 100.000 bolivianos”, señaló.
El dirigente dijo que la “cadena productiva” registrará pérdidas por la paralización de las operaciones de los ingenios.
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No obstante, el dirigente admitió que usan cianuro. “Tenemos el drenado, eso del cianuro se degrada”, señaló.
Asimismo, dijo que las empresas hacen obras para las comunidades, entre ellas campos deportivos.
Defensa legal
Por su lado, el abogado Jorge Nina anunció que impugnarán la norma y acudirán al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
“Se van a tomar acciones legales la siguiente semana a efecto de garantizar un derecho fundamental, el derecho al trabajo, no puede ser posible que se nos acuse de contaminación, pero no muestren ninguna prueba”, señaló.
Indicó que “anualmente” las empresas “entregan a la comunidad 54.000 bolivianos” y “han aportado con una cancha de césped, sauna, piscina, anualmente colaboran con la comunidad”.
Sin embargo, “lamentablemente en esta participación de extorsión están siendo inducida de forma errónea” la comunidad.
“Llamo a los ministros y al Gobierno a iniciar acciones penales en contra de esta persona”, dijo y consideró que la ley promulgada no es tuición del municipio.
En ese marco, el sector pide una reunión multisectorial para hallar una solución al conflicto.
