Congreso español tumba los decretos sobre vivienda y agrava la presión sobre Sánchez
Madrid, 2 Oct 2026 (AFP) -
Los diputados españoles tumbaron este viernes los dos decretos sobre vivienda impulsados por el gobierno de Pedro Sánchez, asestando un duro golpe al ejecutivo, mientras los manifestantes llaman a incrementar la ola de protestas.
"¡Vergüenza, vergüenza!", lanzaron al conocer el resultado las miles de personas que se agolpaban alrededor del Congreso, entre llamados a la "huelga general".
Segundos antes, los votos contrarios de 178 diputados, por 172 a favor, habían tumbado el primero de los decretos aprobado el martes por el gobierno de izquierda para hacer frente a la crisis de vivienda que afecta al país.
El segundo, que partía ya con menos posibilidades, fue rechazado minutos después con 184 votos en contra y 166 a favor.
En una cámara muy fragmentada, y en la que el gobierno de izquierdas no tiene mayoría, tampoco sirvió la intervención a última hora de Sánchez, que pidió la palabra minutos antes de la votación para pedir a los diputados que fueran "valientes".
"Les pido que estén a la altura de lo que la ciudadanía nos está pidiendo", indicó Sánchez.
Miles de manifestantes llegados desde la céntrica Puerta del Sol, donde hace más de una semana se instaló una acampada para reclamar soluciones contra la crisis de la vivienda, siguieron la sesión desde el exterior.
"Esto no puede seguir así", aseguró a la AFP Miél Díaz, un docente de 23 años que acudió a la protesta desde Sol.
"La mayoría de la gente de este país o tiene un problema con la vivienda o conoce a alguien que lo tiene", agregó este joven que dice que no puede independizarse por los altos precios del alquiler.
No muy lejos, Teresa Morollón, de 46 años, afirma sentirse "defraudada" con el anunciado fracaso de la votación. "Entendemos que la aritmética en el Congreso está complicadísima, pero hay que hacer unas políticas valientes e inclusivas para toda la gente", agregó.
- Votación compleja -
El gobierno de izquierdas de Pedro Sánchez aprobó estos decretos el martes en plena ola de protestas desatadas tras el desahucio la semana pasada de Maricarmen Abascal, una madrileña de 87 años que fue obligada a dejar el piso donde vivía desde hacía siete décadas.
Los textos incluían, entre otros, la renovación automática de los contratos de alquiler cuando venzan o medidas para restringir los desalojos de inquilinos vulnerables. Igualmente, apuntaban a los llamados "fondos buitre", entidades que adquieren inmuebles a bajo precio para maximizar su rentabilidad.
"Este de hoy no es un pleno más. Miles de personas están pendientes de la votación de esta Cámara", había advertido la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, al iniciar el pleno.
Por entonces las posibilidades de una aprobación ya se habían complicado mucho, después de que los independentistas catalanes de Junts, cuyo voto a favor (o al menos una abstención) era necesario para que las medidas prosperaran, anunciaron el jueves en la noche que votaría en contra, sumándose a los votos contrarios anunciados por la derecha o la extrema derecha.
- ¿Elecciones adelantadas? -
Ante la caída de los decretos, la oposición incrementó sus llamados para que Sánchez adelante la convocatoria de elecciones legislativas, previstas inicialmente para 2027.
"Cuanto antes sean las elecciones, mejor, pero que sean transparentes, que sean libres y que no haya trampas", lanzó el líder del partido de ultraderecha Vox, Santiago Abascal, en los pasillos del Congreso.
Nadie del entorno del ejecutivo dio pistas en este sentido, afirmando estar concentrados en la aprobación de los decretos.
"He conversado con él y mi discreción va a ser absoluta sobre esta cuestión", afirmó la vicepresidenta del gobierno español, Yolanda Díaz, en la radio Cadena Ser.
La vivienda asequible es desde hace años uno de los principales problemas sociales en España, pero las protestas cobraron fuerza tras el desahucio de Maricarmen Abascal, después de que su vivienda fuera adquirida por una empresa de inversión que pretendía subirle el alquiler un 275%.
El caso provocó acampadas de protesta en el centro de Madrid y otras ciudades y convirtió a la octogenaria en un símbolo de la crisis habitacional.
Según el Banco de España, el país, de unos 50 millones de habitantes, arrastra un déficit de unas 700.000 viviendas.
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