Conservadores británicos negarán las viviendas sociales a los extranjeros no comunitarios
Londres, 7 ago (EFE).- El Partido Conservador británico, principal fuerza de la derecha durante décadas, prometió este viernes terminar con la asignación de viviendas de protección social para los extranjeros en Inglaterra, especialmente para los de fuera de la Unión Europea, si llega al poder tras las elecciones generales previstas para 2029.
La formación liderada por Kemi Badenoch planea cancelar las nuevas asignaciones para extranjeros y también las vigentes para parejas en las que ninguno de ellos sea británico, lo que permitiría liberar unas 228.144 viviendas que irían para ciudadanos del Reino Unido.
Según la propuesta, los inquilinos que no cumplan los requisitos tendrían que abandonar las propiedades en un plazo de seis meses, aunque estarían exentos de la medida los ciudadanos de Irlanda y de la Unión Europea (UE), estos últimos siempre que puedan probar que tienen el estatus de "asentado", equivalente a residencia permanente.
Una iniciativa casi calcada de la ultraderecha
El plan forma parte del objetivo de los "tories" de controlar la inmigración después de que sus rivales por la derecha, el partido Reform UK de Nigel Farage, prometiera también que prohibirá que los extranjeros residan en estas viviendas sociales e implementará un plan para desahuciar y deportar de forma retrospectiva a quienes ya ocupan una.
En opinión de los conservadores -que van por detrás del Partido Laborista y de Reform UK en las encuestas-, el Gobierno laborista del primer ministro británico, Andy Burnham, ha perdido el control de la inmigración, y ha permitido que muchas familias británicas se hayan visto relegadas a listas de espera para acceder a una propiedad social.
El laborismo calificó la iniciativa de "poco seria e inviable, copiada de Reform UK, que no hace nada para abordar la crisis de vivienda que los propios conservadores crearon", en palabras de la ministra de Vivienda, Angela Rayner.
Actualmente, los extranjeros con residencia permanente, estatus de refugiado o protecciones humanitarias específicas pueden optar a una vivienda de protección social, mientras que los solicitantes de asilo no tienen derecho a ellas, salvo en circunstancias excepcionales, como los casos de violencia doméstica.
Estas propiedades son gestionadas por los ayuntamientos o asociaciones de viviendas y el pago por el alquiler es muy bajo en comparación a las altas sumas en el mercado privado. La persona también tiene que demostrar que no cuenta con fondos para un alquiler privado.
Lista de espera de 1,3 millones de familias
Se estima que hay en torno a 1,34 millones de hogares en listas de espera para acceder a una vivienda social.
El problema del coste de la vivienda ha generado problemas en muchas localidades donde se alojan solicitantes de asilo en hoteles o casas mientras tramitan sus peticiones para vivir en el país, aunque el Gobierno se ha marcado como objetivo terminar con este modelo para el año 2029 y optar por alojarlos en cuarteles militares.
Los últimos incidentes de violencia en torno a este asunto se produjeron esta semana en la localidad de Thetford, en el condado de Norfolk (en el este de Inglaterra). Las autoridades policiales han reforzado esta semana la seguridad en Thetford, después de que varias personas intentasen el martes y el miércoles por la noche irrumpir en viviendas que al parecer albergan solicitantes de asilo.
Según dijeron testigos a los medios británicos, una multitud de más de 200 personas lanzaron huevos y piedras contra las viviendas y se corearon consignas como "queremos que se marchen". EFE
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