Desalojos indígenas avanzan en Argentina mientras se discute ley que facilita expulsiones
Laura Guarinoni
Buenos Aires, 20 ago (EFE).- Varias comunidades indígenas argentinas fueron desalojadas en los últimos días de sus tierras en un nuevo capítulo de un conflicto histórico, mientras el Gobierno del presidente Javier Milei impulsa una ley sobre propiedad privada que facilitaría aún más la expulsión en los territorios ancestrales.
Los desalojos -en algunos casos intentos- de pueblos originarios ocurridos recientemente en las provincias de Neuquén (sur), Jujuy (norte) y Misiones (noreste) tienen un punto en común que siempre está en el centro del debate: las disputas entre derechos de propiedad registrados y los reclamos de posesión ancestral indígena.
El escenario se agravó en Argentina con la derogación, en diciembre de 2024, de la ley 26.160, que declaraba la emergencia territorial, suspendía los desalojos y contemplaba un registro de tierras comunitarias. A ello se suma ahora el debate en el Congreso de una propuesta que, de aprobarse, permitiría desalojos exprés.
Las comunidades mapuche Kinxikew y Melo, que habitan hace más de cien años un territorio ancestral entre Bariloche y Villa La Angostura, en el sur de Argentina, enfrentaron este miércoles un operativo de desalojo en el que participaron cientos de policías, incluidos del Grupo Especial de Operaciones.
El 'lonco' (autoridad mapuche) Lucas Melo Piñén resumió a EFE la situación: "Acá tengo a mi padre enterrado y a mi abuelo lo asesinaron aquí. Nos quieren sacar con un título trucho (falso). Estas tierras nos pertenecen, tenemos pruebas de preexistencia y reconocimiento del Estado" .
El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) -encargado de diseñar y ejecutar políticas públicas para los pueblos originarios y garantizar sus derechos- reconoció en 2023 para la comunidad Kinxikew la ocupación actual, tradicional y pública, aunque el Estado no otorgó el título comunitario.
El litigio fue iniciado hace más de 15 años por una familia belga de apellido Broers, que detenta un titulo de propiedad desde la década de 1970 y que fue aceptado por la justicia para justificar el desalojo. Es a ese título "trucho" al que se refiere Melo Piñén en su conversación con EFE.
La codicia por los recursos en tierras ancestrales
El pasado 10 de agosto, la Policía desalojó a las familias de la comunidad Santa Rosa, en Humahuaca (provincia norteña de Jujuy), en un operativo en el que participaron más de un centenar de efectivos armados, con detonación de balas de goma y el resultado de varias detenciones.
El conflicto se originó a partir de una disputa por límites y un plano catastral que la comunidad considera erróneo y por particulares que reclaman la titularidad privada, empresas con intereses en la minería o inmobiliarios, amparados por el Poder Judicial provincial.
La legisladora jujeña del Frente de Izquierda Natalia Morales dijo a EFE que este caso forma parte de un contexto complejo: "La situación de conflictividad es permanente debido al interés geopolítico que hay en los bienes comunes naturales, como el litio o el agua. Jujuy funciona como el laboratorio de lo que Milei quiere extender a nivel nacional".
Días antes, el 28 de julio, unos 50 policías desalojaron en la provincia de Misiones (noroeste) a la comunidad Mbya Guaraní Puente Quemado II, en Garuhapé, a pedido del empresario forestal Alfredo Ruff.
La defensa apeló y dos días después la medida quedó sin efecto, por lo que las familias pudieron regresar al territorio.
Este conflicto, en concreto, combina la disputa por la tierra con intereses forestales en una provincia donde la actividad maderera tiene un peso económico central.
La ley de Milei para los desalojos exprés
Los tres casos relatados han ocurrido mientras el Congreso argentino debate la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, aprobada ya por el Senado y a la espera del visto bueno de la Cámara Baja.
El proyecto legislativo establece que los desalojos urbanos y rurales se puedan tramitar mediante juicio sumarísimo (de carácter extraordinario) y contempla la posibilidad de una restitución anticipada del inmueble, lo que se conoce como "desalojo exprés".
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de Argentina ha alertado de las consecuencias de acelerar los desalojos sin resolver previamente la titulación de los territorios indígenas.
Según CELS, la ley sobre propiedad privada propuesta por el Gobierno de Milei puede profundizar conflictos teniendo en cuenta que la propiedad comunitaria ya está reconocida por la Constitución y vulnerar, además, tratados internacionales firmados por Argentina en materia de derecho indígena. EFE
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