Familias desplazadas por la violencia de las bandas haitianas protestan en Puerto Príncipe
Jonet St. Élois
Puerto Príncipe, 27 oct (EFE).- Familias desplazadas por la violencia de las bandas armadas haitianas se manifestaron este martes en Puerto Príncipe para exigir ayuda económica y garantías de seguridad que les permitan regresar a sus barrios de origen.
Los manifestantes, alojados en los campamentos de Argentine Bellegarde, el Ministerio de Comunicación y las oficinas de Seguros de Vejez y de Asuntos Sociales, levantaron barricadas en varias calles y quemaron neumáticos, lo que provocó interrupciones en el tráfico.
Con esta movilización, los manifestantes buscan denunciar la precariedad de sus condiciones de vida e instar a las autoridades a encontrar una solución a su situación de desplazamiento forzado.
En el campamento de Argentine Bellegarde, Philippe Macénat, padre de tres hijos, no oculta su desesperación. Mientras muestra las picaduras de mosquitos que cubren su cuerpo, explica que ya no puede soportar las condiciones de vida impuestas a su familia desde que tuvieron que dejar su casa por la violencia de las bandas armadas que controlan la mayor parte de Puerto Príncipe.
"Huí de mi casa en Carrefour-Feuilles, donde vivía cómodamente con mi familia. Hoy me siento como alguien que nunca ha hecho ningún esfuerzo en su vida. Le corresponde al Estado permitirme regresar a mi hogar", declaró a EFE.
La prioridad de Macénat es contar con los medios necesarios para reacondicionar su vivienda y recuperar una vida familiar normal.
"No pedimos comida ni ninguna otra cosa. Queremos el dinero que nos permita abandonar el campamento y volver a vivir en nuestros barrios", insiste.
Los desplazados reclaman los 100.000 gourdes (unos 763 dólares) que el Estado haitiano y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) otorgan a las familias afectadas por el cierre de algunos campamentos, con el fin de ayudarles a encontrar otra vivienda.
"Esos 100.000 gourdes son lo que espero para poder realizar algunas pequeñas reparaciones en mi casa y volver a vivir allí con mi familia", explica por su parte Marielourde Pierre.
La mujer lamenta que varios campamentos de la zona hayan sido cerrados, mientras que las familias de algunos asentamientos siguen esperando una solución.
Clamor por la seguridad
Más allá de la ayuda financiera, los manifestantes exigen también garantías de seguridad. Para estas familias, recibir una suma de dinero no es suficiente si la violencia armada sigue amenazando sus barrios y les impide regresar a sus hogares.
"No abandonaremos la calle hasta que el Estado se siente con nosotros para decirnos cuándo se desmantelarán los campamentos, de modo que cada uno pueda buscar un lugar donde vivir. Estamos cansados de vivir hacinados unos sobre otros, en medio de la basura", afirma Jonh Philogène.
Las condiciones de vida en los campamentos agravan el sentimiento de abandono expresado por las personas desplazadas. El hacinamiento, la exposición a los residuos y los problemas de higiene marcan el día a día de las familias, que aseguran no poder soportar más esta situación.
Ante la movilización, la policía utilizó gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes y obligarlos a abandonar el lugar. También intervinieron los bomberos para apagar neumáticos en llamas y un tractor fue usado para retirar las barricadas y los escombros que obstaculizaban la circulación.
A pesar de esta intervención, los desplazados mantienen su determinación de continuar con su protesta, iniciada el lunes, hasta que las autoridades se reúnan con ellos y les ofrezcan soluciones.
Esta movilización se produce en un contexto de creciente descontento entre las personas obligadas a huir de sus hogares debido a la violencia de las bandas armadas que incluso ha puesto en duda la celebración de las elecciones presidenciales y legislativas previstas para el 13 de diciembre próximo.
La semana pasada, desplazados que se encuentran en un campamento en el sector de Delmas 33 también se manifestaron para denunciar sus condiciones de vida y exigir al Estado que asuma sus responsabilidades.
A la espera de una respuesta de las autoridades, se enfrentan a una difícil elección: seguir viviendo en condiciones precarias o intentar regresar a barrios donde su seguridad aún no está garantizada por la acción de las bandas, que son combatidas por la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, sigla en inglés), creada hace un año por el Consejo de Seguridad de la ONU. EFE
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