Grupos latinos demandan a ICE por centro migratorio en Colorado sin evaluación ambiental
Denver (EE.UU.), 22 sep (EFE).- Dos organizaciones defensoras de los inmigrantes anunciaron este martes una demanda contra el Gobierno de Estados Unidos para impedir la apertura de un nuevo centro de detención con capacidad para 1.250 personas en Colorado.
La Coalición por los Derechos de los Inmigrantes de Colorado (CIRC) y GreenLatinos alegan que las autoridades incumplieron las evaluaciones de impacto ambiental requeridas.
"Los centros de detención de inmigrantes perjudican la salud y el bienestar de comunidades enteras", expresó a EFE Gladis Ibarra, codirectora ejecutiva de CIRC.
"Nos oponemos a cualquier expansión que amenace la salud y la dignidad humana de los detenidos, así como la protección ambiental básica de la comunidad circundante", dijo Mark Magaña, director ejecutivo de GreenLatinos.
Estos dos grupos latinos presentaron la demanda ante un tribunal federal en Denver para exigir que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) evalúe las consecuencias ambientales del centro Big Horn, en Hudson, a unos 50 kilómetros al noreste de Denver.
Los detenidos en la instalación, que funcionaría en una antigua prisión privada cerrada desde 2013, casi duplicarían la población actual de esa localidad rural.
La demanda sostiene que ICE no realizó la evaluación exigida a las agencias federales para determinar los posibles efectos sobre la calidad del aire, el consumo de agua, el tratamiento de aguas residuales y el riesgo de propagación de enfermedades.
Según los demandantes, Hudson se encuentra en una región que incumple los estándares federales de calidad del aire por ozono y depende parcialmente de agua proveniente del río Colorado.
El proyecto forma parte de la ampliación de la capacidad de detención migratoria en Colorado, donde ICE ya cuenta con un centro en Aurora, administrado por la empresa privada GEO Group, que ya obtuvo un contrato de cinco años para administrar la instalación de Hudson, con ingresos estimados en 85 millones de dólares anuales.
En Arizona, una demanda del estado logró suspender la conversión de un inmueble en centro de detención en Surprise hasta completar la evaluación ambiental, y en California, un tribunal federal ordenó detener provisionalmente la construcción de otro por sus posibles consecuencias ambientales. EFE
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