Kast propone reducir acceso a salud pública a condenados por crimen organizado y terrorismo
Santiago, Chile, 18 Ago 2026 (AFP) -
El presidente ultraderechista José Antonio Kast propuso el lunes una reforma constitucional al Congreso de Chile para restringir el acceso a la salud pública a los condenados por crimen organizado y terrorismo, en el marco de su lucha contra la delincuencia.
Aunque Chile es uno de los países más seguros de América Latina ha sufrido un aumento en los asesinatos y secuestros en la última década con la llegada de grupos criminales extranjeros, como el venezolano Tren de Aragua.
La preocupación por la inseguridad llevó a la presidencia a un Kast que prometió mano dura contra el crimen.
"Durante el cumplimiento de su condena" y por "15 años luego de su cumplimiento, quedarán inhabilitados para acceder a determinadas prestaciones financiadas con recursos públicos" en derechos como la salud, la educación o la jubilación, dice la reforma que se radicó ante el Senado.
La medida ha sido cuestionada incluso dentro del propio gobierno. En un primer borrador, el ejecutivo proponía quitar todo acceso a la salud pública de estos convictos.
La idea fue criticada por la propia ministra de Salud, May Chomalí, que dijo a CNN Chile que el proyecto "podría generar alguna incompatibilidad con algunas leyes que nosotros tenemos".
La reforma, sin embargo, fue matizada en su versión final. El ministro encargado de la agenda legislativa, José García Ruminot, aclaró que las restricciones específicas serán reguladas por el cuerpo legislativo.
El funcionario dijo a la prensa que así la reforma podrá tener "todo el respaldo del sistema político y, por supuesto, del sistema parlamentario".
Pese a los cambios, la reforma tiene un difícil camino en el Congreso.
A pesar de que el gobierno tiene mayoría en ambas cámaras, una modificación constitucional requerirá cuatro séptimos del Parlamento, por lo que Kast necesitará votos de la izquierda.
A inicios de agosto, el mandatario anunció un paquete de reformas legislativas que incluye, entre otras medidas, la instauración de un régimen penitenciario especial para los líderes de organizaciones criminales o terroristas y mayores penas.
La oposición critica que algunas de las medidas se pueden realizar sin cambios legales. La semana pasada, por ejemplo, la policía chilena trasladó centenares de reos de "alta peligrosidad" desde Santiago a la cárcel más moderna del país, a unos 300 km al sur de la capital.
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