La Arquidiócesis de Panamá reconoce casos de abuso y deficiencia en los procesos
Ciudad de Panamá, 22 sep (EFE).- La Arquidiócesis de Panamá reconoce una veintena de casos de abusos sexuales a menores y personas vulnerables denunciados entre 2001 y 2025, pero los ha enfrentado con deficiencias de registro y procedimiento, dificultando así asuntos capitales como la reparación a las víctimas y las garantías de no repetición, según un informe independiente presentado este martes.
El informe fue elaborado por una Comisión de Transparencia financiada por la Notre Dame Law School (EE.UU.), y la Fundación Universidad Villanueva (España), a solicitud de la Arquidiócesis de Panamá, sin que mediara mandato judicial ni requerimiento de la Santa Sede.
Esta comisión es la primera aplicación de un modelo de valoración institucional que busca examinar de forma sistemática cómo responde una institución eclesial ante las denuncias de abuso sexual.
24 casos documentos en archivos secretos
El trabajo de la comisión incluyó el análisis de los expedientes de los archivos diocesanos (el archivo secreto del Arzobispo, el del Vicario Judicial y del Tribunal Eclesiástico), la escucha de testimonios, una encuesta a agentes pastorales y el estudio de la cobertura mediática.
De un universo global de 37 denuncias documentadas, el equipo valoró 24 en los que la Arquidiócesis de Panamá tenía una responsabilidad institucional evaluable entre 2001 y 2025.
Las 13 restantes corresponden a otras diócesis (7); quedan fuera del objeto del informe por su materia, período o por la condición de la víctima (5); o carecen de datos que permitan situarlos (1).
"El problema central que este informe documenta es de registro, no de negación", ya que "los expedientes acreditan que hubo denuncias, que se abrieron investigaciones y que se adoptaron decisiones, pero la trazabilidad se pierde a medida que avanza el procedimiento".
"Esa informalidad tiene un coste doble: priva a la víctima de saber qué pasó con su denuncia y priva a la institución de poder demostrar lo que hizo. Esta informalidad no es solo un problema de archivo: refleja una carencia de gobierno - la falta de personal cualificado para instruir, tramitar y documentar estos procedimientos - cuya provisión correspondía a la autoridad diocesana", agregó.
Hallazgos principales
Entre la decena de hallazgos principales descritos en el documento está que en ninguno de los 24 casos consta una actuación iniciada de oficio y que la mayoría (13) fueron presentadas directamente por la persona afectada.
Pese a esto, "la atención a la víctima es la dimensión menos documentada" y de los 24 expedientes, solo en uno se evidencia el acompañamiento especializado, acceso real a la información del proceso y participación en las etapas.
"No consta en ningún expediente una evaluación del daño, ni adopción de medidas de reparación - en dos consta expresamente que no las hubo -, ni verificación de su cumplimiento", indica el informe.
Los investigadores hallaron que el perfil de las víctimas documentado no coincide con el de las estadísticas estatales, puesto que en el universo global (37 casos), más de la mitad con constancia documental (54 %) corresponden a menores varones, pero en los registros del Ministerio Público las víctimas son mayoritariamente de sexo femenino niñas (0-9 años) y adolescentes (10-17).
El documento también señala que la cobertura que la prensa digital ha hecho de los abusos en la Iglesia panameña ha involucrado a la Arquidiócesis en casos que, en su mayoría, no le son atribuibles: de las 10 situaciones que alcanzaron relevancia mediática entre 2001 y 2025, la mayoría corresponde a otras jurisdicciones o no son casos de abuso a menores.
Recomendaciones
La Comisión formula 24 recomendaciones, de las que considera urgentes establecer un protocolo único de recepción, registro y trazabilidad que documente cada paso del proceso canónico y civil, incluida la notificación de las resoluciones a las partes - cuya constancia no aparece en ninguno de los 24 expedientes -.
También aplicar mecanismos de evaluación del daño y de reparación -económica y simbólica -, con verificación de su cumplimiento, y "formalizar la prevención, que es la dimensión peor evaluada (6,25/100): códigos de conducta, normas de interacción, regulación del entorno digital, verificación de antecedentes, selección de candidatos y formación periódica obligatoria, con registro verificable".
La comisión pide además "dotar a los organismos competentes de personal con formación canónica, victimológica y archivística suficiente para instruir, tramitar y documentar los procesos". EFE
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