Las protestas por la vivienda en Lisboa y Oporto mantienen su presión en las calles
Lisboa, 25 oct (EFE).- Miles de personas volvieron a reunirse este domingo en Lisboa y Oporto para condenar la actuación policial que esta madrugada desalojó las acampadas por la vivienda a la fuerza y para exigir al Gobierno que retire su propuesta de reforma de la ley de alquiler, manifestando su intención de seguir saliendo a la calle hasta que haya soluciones sobre la mesa.
Los manifestantes decidirán en las asambleas populares que se celebran en ambas ciudades si vuelven a montar las tiendas de campaña o pasan la noche en sacos de dormir, después de que la Policía cargara contra los participantes de las acampadas en una operación que ha sido cuestionada por varios sectores y que se saldó con 31 detenidos en una ciudad y 11 en la otra, según las autoridades.
La operación policial, que ha sido defendida por el ministro del Interior, Luís Neves, quien aseguró que "no infringió la ley", ha motivado críticas de buena parte de los partidos de la oposición, que piden explicaciones al primer ministro, el conservador Luís Montenegro.
A excepción del ultraderechista Chega, principal fuerza opositora en el Parlamento, quien defendió la actuación de la Policía y afeó al Ejecutivo que se "esconde" cuando lo que debería hacer es alabar a las fuerzas de seguridad en público.
Varias organizaciones, por otro lado, también han cuestionado el "uso excesivo y desproporcionado" de la fuerza por parte de la Policía, entre ellas Amnistía Internacional y SOS Racismo, mientras que el propio movimiento por la vivienda ha convocado para el próximo martes una protesta frente al Parlamento, donde comenzará ese día el debate del presupuesto para 2027.
Este domingo también se divulgó una carta firmada por una veintena de personalidades de varios ámbitos, desde el cultural hasta el político, con personajes como el director de teatro Tiago Rodrigues, el músico Pedro Abrunhosa, la presidenta de la Fundación José Saramago, Pilar del Río, la economista Susana Peralta o el abogado Ricardo Sá Fernandes, en la que instaron a pronunciarse al presidente portugués, António José Seguro.
"Su silencio en este momento, excelentísimo señor presidente de la República, no apacigua la violencia. Solo sus palabras pueden restablecer la tranquilidad pública y la primacía del respeto por los derechos civiles de los ciudadanos. Le rogamos: haga oír su voz", apelaron los firmantes.
Precisamente, Seguro convocó a todas las formaciones con representación parlamentaria a reuniones individuales este jueves 29 de octubre para abordar la "cohesión social", sin mencionar explícitamente las protestas que desde hace más de una semana se suceden en las dos principales ciudades del país.
Por su parte, la propuesta del ejecutivo de modificar la ley de alquiler ha superado la primera votación parlamentaria, aunque se encuentra en comisión parlamentaria antes de volver a ser votada en el hemiciclo; no obstante, por el momento no contaría con los votos para prosperar.
Esto después de que Chega, que hizo viable la propuesta con su abstención durante la primera votación, alertara de que no respaldará la iniciativa si no se introducen los cambios que exigen.
La propuesta del Gobierno plantea, entre otros, acelerar los desahucios, eliminar el periodo mínimo de tres años que opera actualmente en determinadas renovaciones automáticas, la posibilidad de que los propietarios exijan hasta tres meses de renta por adelantado, frente a los dos actuales, y la eliminación del límite específico de dos mensualidades para las fianzas.
El precio mediano de las viviendas vendidas en Portugal subió un 18,4 % interanual en el segundo trimestre de este año y se situó en 2.445 euros por metro cuadrado.
El Gobierno defiende que es necesario dar más garantías a los propietarios para que la oferta de alquiler aumente en el mercado, así como incrementar la construcción de viviendas.
Las movilizaciones portuguesas miran como referencia a la acampada iniciada el 26 de septiembre en la Puerta del Sol de Madrid tras el desahucio de Maricarmen Abascal, de 87 años, quien falleció en el hospital catorce días después. EFE
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