Líderes amazónicos exigen ante la ONU ser parte de la solución frente al crimen organizado
Luis Lidón
Viena, 19 oct (EFE).- La líder indígena ecuatoriana Patricia Gualinga reclamó este lunes en Viena que los pueblos amazónicos participen en la ONU en las decisiones internacionales contra los delitos ambientales, ante el avance de organizaciones criminales que amenazan sus vidas y territorios.
"Es momento de que los pueblos indígenas empiecen a ser parte actora de las soluciones, y no solamente víctimas", afirmó a EFE Gualinga, integrante del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas.
La activista kichwa interviene junto con más de una docena de dirigentes indígenas de Ecuador, Brasil, Colombia y Perú en la conferencia de las partes de la Convención de la ONU contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Untoc), que comenzó este lunes en la capital austríaca y se prolonga hasta el viernes.
Los líderes indígenas buscan que la comunidad internacional persiga y prevenga delitos transnacionales como la minería ilegal, el narcotráfico y la deforestación, y reconozca el papel de las comunidades en la protección de sus territorios ancestrales.
Gualinga advirtió de que las actividades del crimen organizado han aumentado en la Amazonía y están muy ligadas al narcotráfico, a la minería ilegal y al lavado de activos.
"Hemos visto que va en aumento y también hemos visto los impactos sociales y culturales, pero también los riesgos a la vida que genera la presencia de estos actores", explicó.
Según la ONG Amazon Watch, que acompaña a la comitiva de líderes indígenas, grupos armados y organizaciones criminales operan en el 67 % de los municipios amazónicos.
Las redes criminales están aumentado su control sobre la Amazonía mediante operaciones transfronterizas y actividades que conectan cada vez más la minería ilegal de oro, el narcotráfico, la tala ilegal, la trata de personas y otros delitos, de acuerdo con Amazon Watch.
Un protocolo contra el crimen medioambiental
Ante esta situación, once países, ocho de ellos latinoamericanos, presentaron este lunes un proyecto de resolución para negociar un protocolo adicional a la Untoc con el fin de combatir delitos medioambientales.
La Untoc es el único tratado mundial vinculante contra el crimen organizado transnacional y cuenta con tres protocolos específicos sobre trata de personas, tráfico ilícito de migrantes y armas de fuego, pero ninguno contra crímenes madioambientales.
La iniciativa busca crear un comité especial que elabore ese instrumento, y el texto presentado para la resolución reconoce la contribución de los pueblos indígenas y las comunidades locales a la lucha contra estos delitos y la corrupción asociada.
Gualinga sostuvo, sin embargo, que un nuevo protocolo apenas cambiará la situación si no incorpora a quienes viven en los territorios afectados.
"Por eso queremos que en el protocolo incluyan la participación de los pueblos indígenas dentro de sus gobernanzas territoriales", señaló.
La líder indígena pidió que las comunidades intervengan en las soluciones y que no se apliquen respuestas "traídas desde afuera que no funcionan dentro de sus territorios".
Gualinga, originaria de Sarayaku, en la Amazonía ecuatoriana, luchó contra la exploración petrolera en su territorio, que culminó en 2012 con una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra Ecuador por vulnerar derechos de su pueblo.
Ahora, como miembro del Foro Permanente de la ONU, según detalló, trabaja en un informe previsto para 2027 sobre el impacto del crimen organizado en los pueblos indígenas.
La delegación también ha reclamado apoyo y reconocimiento para los mecanismos de protección comunitaria que ya funcionan en sus territorios.
En la frontera entre Brasil y Perú, pueblos indígenas han creado una guardia binacional contra el narcotráfico, mientras que la guardia de la nación wampís, en Perú, defiende su territorio frente a la minería ilegal de oro.
Galois Flores, vicepresidente del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís e integrante de la delegación, afirmó que el protocolo contra los delitos ambientales debe garantizar "la participación de los pueblos indígenas y su consentimiento libre, previo e informado" sobre las medidas que los Estados apliquen en sus territorios.
"Las redes del oro ilegal y del narcotráfico devastan la Amazonía", declaró por su parte Raphael Hoetmer, director del programa para la Amazonía occidental de Amazon Watch.
El experto advirtió de que los gobiernos recurren a la militarización, que pone en peligro a la población local, y de que sus respuestas se ven lastradas por la corrupción.
"Garantizar la seguridad exige respaldar los derechos territoriales de los pueblos indígenas y la protección de sus comunidades", concluyó.EFE
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