Meloni quiere más centros de repatriación de inmigrantes pese las dudas sobre su eficacia
Gonzalo Sánchez
Roma, 2 oct (EFE).- El intención del Gobierno de Italia, liderado por la ultraderechista Giorgia Meloni, de abrir nuevos centros de expulsión de inmigrantes inquieta a algunas de las regiones que deberán albergarlos, por las dudas sobre la efectividad de estas criticadas y controvertidas 'salas de espera' y retención.
El ministro del Interior, Matteo Piantedosi, ha anunciado ante la Cámara de Diputados su intención de reforzar la red de 'Centros de Espera para la Repatriación' (CPR) sumando a los diez actualmente existentes otros seis en distintos puntos de todo el país.
"El objetivo es consolidar los resultados obtenidos en materia de expulsiones afirmando el principio de que, en un sistema migratorio serio y creíble, quien entra ilegalmente en el país y representa un peligro para la seguridad pública debe ser repatriado", declaró.
Piantedosi justificó su decisión en la urgencia de garantizar la seguridad pues, subrayó, "casi todas las personas actualmente retenidas han sido denunciadas por delitos graves".
Salas de espera criticadas
Los CPR son los centros más controvertidos de la red italiana de gestión migratoria porque en ellos esperan a su repatriación los extranjeros que lleguen a Italia de forma irregular o sin cumplir los requisitos para la obtención de la protección internacional.
Los planes del Gobierno de Meloni desoyen la opinión de diversas organizaciones que exigen su cierre por considerarlos "lugares de suspensión de los derechos fundamentales", en palabras de la Asociación de Estudios Jurídicos sobre la Inmigración (ASGI).
Italia cuenta con diez centros de este tipo: Bari, Brindisi, Macomer, Caltanissetta, Trapani, Palazzo San Gervasio (sur), Roma, Gradisca Isonzo, Milán y Torino (norte). Y a estos hay que añadir los centros montados en Albania y que Meloni quiere utilizar ahora que la Unión Europea (UE) ha adoptado el nuevo 'Reglamento de Retornos'.
Pero, por si fueran pocos, su intención es abrir otros seis en varias regiones: uno en Campania, en Calabria (sur), en Toscana (centro) y en Emilia Romagna y dos en Trentino Alto Adige (norte).
Inquietud regional
Estos planes ha suscitado la crítica de algunos gobernadores regionales y ayuntamientos. El de Toscana, Eugenio Giani, sospecha que esta idea es "la enésima iniciativa electoral" del Gobierno ante su última legislatura antes de las elecciones de 2027.
Los CPR, a su parecer, solo "atraen situaciones de penuria y son absolutamente ineficaces para los procedimientos de repatriación" ya que, según recordó, no pueden ponerse en marcha si no hay acuerdos entre Italia y los países de origen del expulsado.
"La Toscana hará todo lo posible, en el respeto de las leyes, para impedir estas situaciones de detención indebida", avanzó.
La declaración de este gobernador de izquierda fue inmediatamente respondida por la mano derecha de Meloni, el diputado Giovanni Donzelli, quien prometió que "no detendrán la voluntad del Gobierno de garantizar la legalidad".
En Emilia Romagna, otro feudo progresista, tanto el presidente Michele De Pascale como el presidente de la capital, Bologna, Matteo Lepore, se han mostrado escépticos ante estos planes. Mientras que el gobernador de Campania, Roberto Fico, tachó estos centros de "instrumento obsoleto", antes incluso de que se anunciaran.
Utilidad cuestionada
Las dudas sobre su eficacia son justificadas por dos aspectos: la mayoría de repatriaciones forzosas no se llevan a cabo desde estos CPR y porque sirven para encerrar a inmigrantes a menudo en duras condiciones.
Un estudio de la organización independiente 'ActionAid' elaborado con la Universidad de Bari (sur), apunta que de las 4.784 expulsiones forzosas realizadas en 2025, solo 1.732, un 25,3 %, se hicieron desde un CPR. Mientras que en el mismo año se internó en uno de estos espacios a 6.835 personas, "un récord".
"¿Cuál es el verdadero objetivo? Se encierra a las personas en lugares de terror, marcados por continuas violaciones de los derechos humanos, autolesiones y muertes, con un coste humano intolerable y un coste económico injustificable", ha cuestionado el experto de 'ActionAid', Fabrizio Coresi.
Pero, además, el informe denuncia el "aumento del precio humano" que los inmigrantes se ven obligados a pagar en estos centros ya que el tiempo de espera no ha hecho más que aumentar: entre 2018 y 2024 la media oscilaba entre 62 y 84 días, pero en 2025 la demora se ha casi duplicado, hasta los 148 días.
Meloni llegó al poder prometiendo mano dura con la inmigración y afronta el fin de su mandato con este mismo tema en el centro de su agenda, como demuestran sus controles fronterizos impuestos a raíz de la crisis en Ceuta a los viajeros llegados desde España.
Esto a pesar de que los desembarcos de inmigrantes en sus costas se han reducido drásticamente: en lo que va de 2026 han llegado 22.891 personas desde África, menos de la mitad que los 51.731 del mismo periodo del 2025, según cifras actualizadas de Interior. EFE
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