Oposición rechaza respuesta de primera dama sobre donaciones por terremoto en Colombia
Bogotá, 7 Nov 2026 (AFP) -
La oposición del gobierno del presidente derechista Abelardo de la Espriella rechazó este viernes la respuesta de la fundación de la primera dama de Colombia sobre el manejo de los recursos del terremoto ocurrido el pasado mes de agosto.
Ana Lucía Pineda, esposa del presidente, está a cargo de buena parte de las contribuciones de privados para atender a cientos de miles de afectados y reparar los daños por el sismo de 7,4 grados.
Un juez ordenó esta semana a Pineda y a su Fundación Luz y Sonrisas publicar las cuentas detalladas de las donaciones, tras un recurso judicial interpuesto por el senador izquierdista Alejandro Ocampo.
"Vamos a enviarle un escrito al juez diciéndole que los ocho puntos que él obligaba a que me respondieran, solo me respondieron uno", dijo Ocampo al periodista Daniell Coronell en su canal de YouTube.
"Voy interponer un incidente de desacato", dijo al expresar su inconformidad a la respuesta recibida este viernes.
En su respuesta a la orden del juez, la fundación de la primera dama dijo que no recibió recursos públicos para atender a las víctimas del terremoto en Colombia.
"La Fundación (...) no ejerce funciones públicas, no presta servicios públicos y no recibe ni administra recursos públicos", dice un documento obtenido por la AFP.
La fundación no entregó los registros contables, comprobantes ni extractos bancarios detallados, amparándose en la reserva legal que cubre a sus libros y documentos privados, dice el documento de respuesta.
La fundación precisa, sin embargo, que recibió 17 millones de dólares, así como ayudas humanitarias provenientes de Estados Unidos, España y Panamá.
El 81% de los recursos económicos fueron destinados a la reconstrucción de instituciones educativas en Cali, agrega el documento.
Opositores y algunos medios locales cuestionan que las donaciones anunciadas por De la Espriella en sus redes sociales suman más de 200 millones de dólares.
La oposición señala que si bien no son recursos públicos, el que sean donaciones para la atención de las víctimas de un terremoto obliga a la fundación a rendir cuentas.
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