Piden a la Justicia de Costa Rica esclarecer un atentado contra disidentes nicaragüenses
San José, 21 oct (EFE).- La Unidad de Exiliados Nicaragüenses (UEN) pidió este miércoles a la Justicia de Costa Rica esclarecer el caso del atentado en 2024 contra el opositor nicaragüense Joao Maldonado y su esposa, Nadia Robleto, quienes responsabilizan al Gobierno de Nicaragua, que copresiden Daniel Ortega y Rosario Murillo, y a la "inteligencia política" del Ejército de ese país.
Ese atentado "contra los líderes opositores constituye hechos de extrema gravedad que exigen verdad, justicia y una investigación exhaustiva",señaló en una declaración esa organización integrada por exiliados nicaragüenses, principalmente en Costa Rica.
"No podemos normalizar la violencia contra ciudadanos nicaragüenses que encontraron refugio en Costa Rica huyendo de la crisis política y de la represión en su país", añadió la UEN, que exigió "el esclarecimiento integral" de ese atentado, la identificación de los responsables materiales e intelectuales y garantías efectivas de protección para las víctimas.
Maldonado, de 38 años y naturalizado español, perteneció al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), y es hijo del fallecido mayor en retiro del Ejército de Nicaragua Tomás Maldonado, quien estuvo preso entre agosto de 2018 y junio de 2019 por participar en protestas antigubernamentales.
El opositor nicaragüense sobrevivió a dos atentados en Costa Rica, en 2021 y 2024, en los que recibió 13 disparos. En el segundo se encontraba junto a su esposa Robleto, quien convalece en una silla de ruedas.
Ambos se consideran los "retratos vivos de la persecución transnacional" que, a su juicio, ejecuta el Gobierno sandinista contra opositores y críticos.
Un tribunal de Costa Rica tiene previsto recibir las declaraciones judiciales de estos opositores y refugiados nicaragüenses los días 26 y 27 de octubre próximos.
Está previsto que la pareja ofrezca su testimonio por videoconferencia desde Estados Unidos, donde residen gracias a un programa de reasentamiento de refugiados que coordina el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).
"El exilio no puede convertirse en una condena a vivir bajo amenazas. Costa Rica debe ser un territorio seguro para quienes buscan protección y ejercen pacíficamente sus derechos políticos", insistió la UEN, que demandó que "se investigue a fondo la red criminal de sicariato contratada en Costa Rica, así como su conexión con otras agresiones en contra de opositores nicaragüenses en este país".
Por ese caso se acusa al costarricense Jeremmy Jacobo Rivas, del delito de tentativa de homicidio en perjuicio de los opositores y refugiados nicaragüenses.
La ONG Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica de Nicaragua asegura haber documentado al menos 200 casos de represión transnacional contra nicaragüenses en el exilio, mediante distintas formas de intimidación, hostigamiento, agresión y violencia. EFE
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